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    KIEV (Sputnik) — La vicepresidenta del Parlamento ucraniano, Irina Gueráschenko, instó a la comunidad internacional y, en particular, al cuarteto de Normandía conformado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania a reaccionar a la expropiación de empresas ucranianas por las milicias de Donbás.

    Gueráschenko abordó este tema en un encuentro con el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, quien planea visitar Rusia la semana próxima.

    "Llamamos su atención al hecho de que el patrimonio de Ucrania en el territorio ucraniano fue objeto de una depredación, lo que merece una respuesta seria por parte del cuarteto de Normandía y el resto del mundo", dijo Gueráschenko a los periodistas al término de la reunión.

    La vicepresidenta de la Rada Suprema también criticó la decisión rusa de reconocer los documentos que se expiden en las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL).

    Para Gueráschenko, "es la base para una legalización reptante de repúblicas inexistentes y la expropriación de los bienes que pertenecen a Ucrania".

    El 18 de febrero, el presidente ruso Vladímir Putin firmó un decreto que obliga a los órganos administrativos a admitir como válidos en Rusia los pasaportes, partidas de nacimiento, actas de matrimonio, divorcio y defunción, carnés de conducir, títulos académicos y matriculaciones de vehículos que figuran en los registros de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

    El texto del decreto alega razones humanitarias y, en realidad, no hace referencia a la RPD ni la RPL sino a "ciertas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk" —el término utilizado en los acuerdos de Minsk— y subraya que es una medida provisional, hasta que se logre una solución política del conflicto.

    El 1 de marzo, las autoridades de la RPD y la RPL anunciaron que toman bajo su control decenas de empresas que aún permanecían bajo jurisdicción ucraniana alegando la incapacidad de Kiev de cesar el bloqueo que varios activistas —exparticipantes de la operación militar en Donbás, entre ellos diputados del Parlamento ucraniano— mantienen desde finales de enero pasado en el ferrocarril Lugansk-Lisichansk-Popasnaya.

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    Los promotores del embargo califican de ilegal cualquier comercio con las repúblicas rebeldes, y de contrabando, el flujo de mercancías entre los territorios no controlados por Kiev y el resto de Ucrania.

    Mientras, el bloqueo provocó cortes en el suministro de hulla, por lo que las autoridades de Ucrania se vieron obligadas a decretar medidas de emergencia en el sector energético para ahorrar recursos.

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