En noviembre de 2012, 146 habitantes de la isla formalizaron una demanda judicial en que exigían a EEUU la suspensión de los vuelos de las 19.00 a las 07.00 hora local, así como pagar a cada uno de ellos una compensación de casi 13.000 dólares por el daño ocasionado a la salud, incluidos el insomnio y la pérdida de audición.
"El juzgado de Naha, centro administrativo de Okinawa, dictaminó que su jurisdicción no se extiende a la actividad de los militares de EEUU en Japón", informó el portal.
Suisei Arakawa, de 80 años, líder de un grupo local de activistas y exalcalde de la ciudad de Okinawa, dijo: "Lo que queríamos era recuperar un entorno aceptable para la vida" y también informó que los habitantes de Okinawa recurrirán esta sentencia.
En noviembre de 2016, un consejo de jueces dispuso que el Gobierno de Japón debe pagar 6.600 dólares a cada uno de los demandantes como compensación de los gastos asumidos durante el proceso abierto con motivo del ruido que producen los aviones despegando de la base de Futenma, situada en la ciudad de Ginowan, a 10 kilómetros de Naha, pero declinó la demanda de suspender esos vuelos.
La prefectura de Okinawa ocupa solo el 1,0% del territorio de Japón, pero allí se encuentra el 70% de las instalaciones militares de EEUU y más de la mitad de sus efectivos: 25.800 uniformados, 19.000 familiares de ellos y otros civiles estadounidenses.
