Además acordaron buscar alianzas políticas con gobiernos estatales en Estados Unidos, en particular en los estados fronterizos, para impulsar acciones jurídicas coordinadas con la red consular, que recibirá unos 45 millones de dólares para emprender las acciones legales ante los planes de deportaciones masivas.
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Los gobernadores también lanzarán una campaña de cabildeo con las grandes empresas que tienen sus plantas en territorio mexicano para que se opongan a los planes del magnate republicano de imponer aranceles para castigar las exportaciones mexicanas a EEUU y evitar la reversión del libre comercio.
Con el nuevo gobierno de Trump "México habrá de negociar a partir de sus fortalezas, de lo que aporta, en lo que coopera y es importante para el país (…), somos dos países soberanos que tenemos intereses comunes, intereses compartidos de orden económico", dijo el mandatario en un discurso del evento.
De entrada, varios gobernadores plantearon que un aspecto central era expresar la unidad nacional frente al nuevo entorno en la relación entre México y Estados Unidos.
"Tenemos información que hay cerca de 250.000 casos establecidos en tribunales norteamericanos y vamos a llegar a muchos más en una defensa con los consulados del Gobierno para hacer una defensa de todos los connacionales", dijo el presidente de la Conferencia de Gobernadores Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos.
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La estrategia de defensa contempla "congestionar el sistema judicial norteamericano porque no vamos a permitir ningún alto unilateral violatorio de los derechos humanos y de lo que establecen los principios de convivencia de migrantes en todo el mundo", puntualizó Ramírez ante el mandatario mexicano.
