"Esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno", aclaró la Secretaría de DDHH en un comunicado.
El 24 de marzo de 1976, día en que tuvo lugar el golpe de Estado, comenzó "la peor dictadura que soportó nuestro país", insistió el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El titular de Aduanas afirmó el domingo que "el Gobierno de facto no creo que fuera un plan sistemático (de desapariciones), ni un genocidio", afirmó en el canal América en alusión a la junta militar que gobernó el país durante la dictadura.
A su juicio, "la descentralización de la lucha generó un plan caótico, no sistemático".
Argentina ha sido pionera en todo el mundo por juzgar y condenar a los responsables de la dictadura en lo que la justicia definió como un plan sistemático de desaparición de personas.
"Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento" añadió.
El funcionario se refirió así a los decretos presidenciales emitidos durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) para eliminar a los grupos guerrilleros que entonces existían en el país.
Números en tela de juicio
Gómez Centurión participó durante 1987 y 1988 en las sublevaciones que encabezó un sector del Ejército, conocido como los "carapintadas", para sabotear la estabilidad democrática que recién comenzaba en el país con el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Excombatiente en la guerra de 1982 que enfrentó a Argentina con Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, Gómez Centurión consideró además que la desaparición de miles de personas fue un "análisis de causa-consecuencia".
¿Qué aportan los documentos de la #dictadura argentina desclasificados por el #Vaticano? #Argentina https://t.co/If2ZnDiRLz pic.twitter.com/5DHg4JMgFn
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 27 de octubre de 2016
Tanto organismos de derechos humanos como el Estado investigaron y acordaron establecer en 30.000 el número de desaparecidos que causó la dictadura, pero el exmilitar afirmó que no era "pornográfico" discutir la cifra.
"Desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras", señaló.
"30.000 desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible", sentenció el organismo dependiente del Gobierno de Mauricio Macri.
La renuncia del titular de Aduanas ya ha sido pedida por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Taty Almeida.
Éste es el segundo funcionario del Ejecutivo que cuestiona el consenso social de lo que significó la dictadura en Argentina.
El ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, tuvo que renunciar a su cargo en julio de 2016 después de negar que el terrorismo de Estado ocasionara 30.000 desaparecidos.
