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Sigue la violencia política en Colombia

© AFP 2023 / Guillermo LegariaHomenaje a la paz en Bogotá, Colombia
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Organizaciones sociales colombianas denuncian el asesinato de cerca de 200 activistas campesinos vinculados al movimiento Marcha Patriótica. Atribuyen las muertes a grupos paramilitares que siguen actuando en contramano de los procesos de paz en el país.

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Tras el asesinato del activista Olmedo Pito García en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, organizaciones sociales alertan de una "estrategia de exterminio selectivo" de líderes comunitarios relacionados con el movimiento de izquierda Marcha Patriótica. En entrevista con el programa de radio de Sputnik 'En Órbita', el integrante del Movimiento Voces de Paz Jairo Estrada resaltó que el episodio representa "malas señales" para los procesos de paz en el país.

"Después de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han producido casi 50 asesinatos de líderes sociales, hombres y mujeres, en zonas rurales del país. En los últimos cuatro o cincos años Marcha Patriótica ha sufrido la muerte de cerca de 200 de sus integrantes", observó Estrada.

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De acuerdo con el activista, hay evidencias de que grupos paramilitares están por detrás de los asesinatos, pese a que el Gobierno haya afirmado que no habría un patrón común a estas muertes. Para Estrada, el hecho de que las víctimas estuvieran vinculadas con el movimiento Marcha Patriótica contradice las declaraciones de representantes del Estado.

El integrante de Voces de Paz recordó además que el Acuerdo de Paz firmado en La Habana prevé medidas para combatir las estructuras criminales de organizaciones paramilitares.

"Específicamente está convenido que habrá que incorporar a la Constitución una prohibición del paramilitarismo en esas estructuras y que se creará una unidad especial para el combate a tales organizaciones. Hay que decir que estamos frente a un proceso de paz, a un proceso de reincorporación de la guerrilla a la actividad civil y esos asesinatos desde luego para nada representan buenas señales", remarcó Estrada.

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A su juicio, la experiencia histórica ha demostrado que en Colombia "reina la impunidad". El activista recordó que en la década de 1980 se produjo el asesinato de cerca de 4.000 personas también en el marco de acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla, de los cuales gran parte sigue sin esclarecerse.

Estrada lamentó el silencio de las representaciones políticas ante los asesinatos más recientes. En su opinión, los partidos deberían pronunciarse "para enfrentar este fenómeno y extirpar de manera definitiva de Colombia el vínculo que hay entre armas y política, en ese caso las armas que usan las organizaciones paramilitares contra dirigentes sociales y populares".

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