Esta petición de prohibir el desempeño de "cargos públicos electivos" se hace extensible a dos consejeras del Gobierno de Mas en el momento de la consulta, Irene Rigau y Joana Ortega, para las que la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación.
La consulta, que no tenía carácter vinculante ni era reconocida por España, se celebró el 9 de noviembre de 2014 entre una gran polémica tras haber sido declarada ilegal por el Tribunal Consitucional.
Tema: Proceso independentista catalán
En ese proceso, llevado a cabo en un contexto que no ofrecía demasiadas garantías, participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76 por ciento votó a favor de la independencia de Cataluña.
El escrito de los fiscales expone que los encausados llevaron a cabo una "estrategia de desafío completo y efectivo" la suspensión de la consulta por parte del TC.
Según los fiscales, Mas y sus consejeras eran "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del tribunal
El ministerio público insiste en que Mas se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación" de la consulta.