Los seis países consideran que, entre otros aspectos, la decisión "implica un método determinado para la recolección del 20 por ciento del padrón (requisito legal), y que tiene el efecto de postergar la realización del referéndum revocatorio hasta el 2017, afectando así el sentido de la consulta", dice el texto difundido la noche del miércoles por la Cancillería de México.
Los países latinoamericanos firmantes consideran que esas conversaciones pueden permitir, "a través del entendimiento mutuo, promover la estabilidad política, la recuperación económica y el pleno respeto a los derechos humanos".
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Los cancilleres que suscriben el texto —en ese orden— son, de Argentina, Susana Malcorra; de Brasil, José Serra; de Chile, Heraldo Muñoz; de Paraguay, Eladio Loizaga; de México, Claudia Ruiz Massieu; y el canciller de Perú, Ricardo Luna.
El CNE venezolano que encabeza Tibisay Lucena, ha asegurado que sigue cada uno de los pasos y lapsos legales para realizar el proceso de consulta de acuerdo con la Constitución.
No obstante, altos funcionarios del Gobierno de Caracas han reiterado que la consulta en las urnas no podrá realizarse este año, porque —afirman— la oposición hizo la solicitud "a destiempo", mientras otros indican que incluso no habrá referéndum revocatorio en 2017 alegando irregularidades en la recolección de firmas.
