El documento, el duodécimo que emite la misión, expresa la preocupación de esta por "los casos de violación de los DDHH en la zona de la frontera administrativa" entre Ucrania y Crimea.
"También es preocupante el hecho de que los activistas (ucranianos), al intensificar el bloqueo, asumieran ilícitamente las funciones de las fuerzas del orden, como pedir los documentos de identidad o registrar vehículos, con el claro beneplácito de las autoridades ucranianas", denuncia el informe.
Estos "voluntarios que viajaron a la zona para intensificar el bloqueo" a Crimea, ponían vallados, paraban y registraban turismos pese a que las restricciones de paso solo afectaban al transporte de mercancías, indica el texto.
Los ciudadanos que se negaban a someterse al registro, eran forzados, amenazados e intimidados, según testimonios de los propios observadores.
Los activistas también tenían una 'lista de traidores' y detenían a personas que figuraban en ella.
Al menos un vecino de Crimea con pasaporte ruso expedido en la península fue agredido por estos 'agentes' ilegales.
El informe destaca que los partidarios del bloqueo cometieron algunos de estos actos en presencia de policías y guardias fronterizos ucranianos, que en la mayoría de los casos "se mostraron pasivos y se limitaron a observar la situación".
