"Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio", dijo la titular de la fiscalía federal.
La Procuradora anunció en conferencia de prensa que el Gobierno federal prorrogar el mandato de la CIDH, "a fin de que pueda concluir sus trabajos en los términos y modalidades que acuerden las partes".
Uno de los puntos más polémicos del informa ha sido su descalificación de los expertos de la CIDH de que los cuerpos de 43 estudiantes desaparecidos –de los cuales solo uno ha sido identificado por expertos forenses de Austria entre un puñado de restos calcinado- fueron incinerados en un basurero del pueblo de Cocula, vecino de Iguala (20 km al sur) donde comenzó el ataque a balazos a cinco autobuses repletos de alumnos.
Otra instrucción de la Procuradora designa al director de Subprocuraduría Especial de Investigaciones sobre Delincuencia Organizada reunir los procesos penales abiertos para que sean resueltos por un mismo juez federal, para evitar la dispersión del caso, una de las quejas de la CIDH.
Un total de 131 personas están procesadas por ese trágico caso, entre policías, sicarios y funcionarios, de las cuales 110 han sido arrestadas bajo proceso.
"Que no quede duda, el Gobierno de la República ha dispuesto todos sus recursos para que en este caso no haya lugar a la impunidad", puntualizó la funcionaria.
El Grupo de Expertos también ha señalado que la delincuencia organizada del narcotráfico infiltró la administración municipal del entonces alcalde José Luis Abarca, y a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio del estado de Guerrero, asolado por el narcotráfico.
"Como es de su conocimiento, José Luis Abarca fue detenido, se encuentra recluido y está sujeto a diversos procesos penales", respondió, la Procuradora, en un caso que ha causado un ejemplo de colaboración con organismos internacionales "sin precedentes en nuestro país", acotó.
La alta funcionaria mencionó que, a partir del 19 de agosto de este año, en todas las procuradurías y fiscalías del país, "se encuentra en vigor el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y del delito de desaparición forzada", delito de lesa humanidad que nunca prescribe.