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    El reciente informe global de EEUU sobre trata de personas en 2014 tiene un enfoque político unilateral y no humanitario, dijo a Sputnik Nóvosti Oscar Castro Soto, quien presidió el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata) en el periodo 2010 a 2013.

    El informe anual, difundido el martes, lo elabora EEUU desde la firma del Protocolo de Palermo sobre la Trata de Personas del año 2000, originado en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada.

    Se trata de "un enfoque de Seguridad de los Estados en el mundo, de Seguridad global, en contraste con un acento en la defensa de los Derechos Humanos", dice el doctor Castro Soto, experto en derecho humanitario internacional.

    Junto con ese Protocolo de Palermo, existen otros protocolos que son parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que incluye el narcotráfico, contra la fabricación y tráfico ilícito de armas y contra el tráfico de migrantes, explica el especialista.

    "Esos protocolos internacionales han sido firmados en la lógica de combate global a la delincuencia organizada y la defensa de la seguridad de los Estados en sus fronteras", plantea como punto de partida.

    La firma de EEUU de ese protocolo es, no obstante, notable: "es uno de los países más renuentes a firmar convenciones de DDHH y este en particular resulta importante para Washington, porque tiene un enfoque de seguridad nacional y no humanitario".

    EEUU hace sus propios reportes, para calificar a todos los países del mundo en tres grandes bloques: primero, los que en su metodología cumplen con los estándares, un segundo grupo de países que avanza en esa lógica con debilidades; y un tercero no cumple los estándares mínimos, son reprobados.

    Este sistema de calificación evalúa la existencia de leyes que combaten el tráfico de personas, políticas públicas que persiguen a los delincuentes, de prevención y de protección a las víctimas, con participación de las ONG, explica Castro Soto.

    Pero la elaboración corresponde a las embajadas de EEUU y sus agencias de cooperación, como la USAID, que reparte ayuda a los gobiernos del mundo para el combate a la delincuencia, como el Plan Mérida de México y el Plan Colombia.

    "Por esa razón la metodologías es débil", dice el experimentado defensor de los DDHH, porque el diagnóstico verifica con los gobiernos la existencia de leyes, políticas, refugio y protección de víctimas, y por otra parte –apunta– verifican la opinión de las ONG, prioritariamente las que Washington financia".

    "Es un sesgo crucial en la fuente de información: EEUU evalúa a sus contrapartes y no es un estudio con fuentes plurales, aunque considere entrevistas algunos académicos respetables", dice el investigador y autor de diversos ensayos sobre el tema.

    Así, de marzo a marzo de cada año, el departamento de Estado estadounidense verifica avances, tales como reformas de ley, sentencias, víctimas identificadas, y fuentes estadísticas de los propios gobiernos.

    "Esto se presta para dos cosas –apunta el experto–: si EEUU no tiene una buena relación con un país, carece de información oficial, como era el caso Cuba, pero al final La Habana ha salido este año de la lista de reprobados, subió al escalón dos en el marco de la normalización de sus relaciones diplomáticas".

    En cambio Venezuela está en conflicto con los EEUU, con una nula relación: el resultado es que ha quedado reprobado.

    "Es un mecanismo para otorgar y verificar apoyos, no es un estudio objetivo sino un diagnóstico político, porque sus metodologías no son imparciales, por la forma en que se obtiene los datos por la vía política", enfatiza Castro Soto.

    Ese informe debe ser comparado con otros análisis: "otros enfoques regionales resultarán, por ejemplo, del IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas que se celebrará en Bolivia en septiembre, a dos años del III Congreso que copresidí en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia", menciona el doctor Castro.

    El lado útil del informe

    El informe de EEUU es una herramienta con la información de todo el mundo, de una dimensión que ni la ONU tiene clasificada, dice el investigador.

    "Pero el informe de Washington se legitima con el discurso de proteger a las víctimas, cuando en realidad se trata de proteger las fronteras nacionales de la delincuencia organizada".

    En cambio, la ONU sí tiene estudios que se concentran en documentar las violaciones de Derechos Humanos en el marco del Consejo de DDHH de la ONU con sede en Ginebra.

    Hay tres aspectos positivos del informe, según el experto: en primer lugar, documenta que en el mundo hay un avance en materia normativa en el combate a la delincuencia organizada.

    En segundo lugar, ha visibilizado otro tipo de violaciones, que no son solo responsabilidad de los Estados sino de las empresas trasnacionales, que practican el trabajo forzado, formas de explotación no sexual, sino laboral, en el marco del comercio mundial.

    Finalmente, evidencia en tercer lugar que el Protocolo de Palermo, producto de su enfoque de Seguridad, no es suficiente para proteger los DDHH de las víctimas y por eso han surgido otros protocolos como la Convención contra el Trabajo Forzado aprobado en 2014.

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    Etiquetas:
    trata de personas, derechos humanos, Oscar Castro Soto, EEUU
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