"Como un Estado democrático soberano, con su propio sistema de Justicia independiente e imparcial, ningún país extranjero podrá interferir en la aplicación de las leyes para lidiar con el tráfico de drogas", declaró el gobierno indonesio a través de un comunicado oficial a última hora del viernes.
En la mañana de este viernes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó las credenciales del embajador de Indonesia, Toto Riyanto, debido a las tensiones surgidas tras la ejecución en Indonesia del brasileño Marco Archer Cardoso el pasado mes de enero y la inminente ejecución de Rodrigo Gularte.
"Creemos importante que exista una evolución en la situación para saber en qué condiciones están las relaciones entre Indonesia y Brasil", explicó Rousseff durante la ceremonia de entrega de credenciales en la mañana de este viernes, que atendieron los representantes de Venezuela, Panamá, El Salvador, Grecia y Senegal.
Sin el consentimiento personal de Rousseff, el embajador Riyanto, quien ya había sido informado previamente por el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, se retiró de la ceremonia.
Entendido como un acto protocolario pero de gran importancia, la entrega de credenciales al jefe de Estado ratifica la labor diplomática que un embajador realiza en Brasil.
Esta misma semana, el ministerio de Exteriores de Brasil intentó la hospitalización inmediata por motivos humanitarios del brasileño Rodrigo Gularte, de 42 años y enfermo de esquizofrenia, preso en Indonesia desde 2004, cuando intentó entrar al país con 6 kilogramos de cocaína escondidos en tablas de surf.
La ejecución de Gularte estaba prevista este mismo mes de febrero en el presidio de la isla de Nusakambangan. Sin embargo, el portavoz de Justicia de Indonesia, Tony Spontana, aseguró el pasado martes que la ejecución de Gularte y otros 6 extranjeros se pospondría por motivos logísticos.
La firme posición del nuevo presidente indonesio, Joko Widodo, de rechazar todas las peticiones de clemencia realizadas por países como Holanda, Australia o Brasil, han situado al país en una posición de tensión diplomática, especialmente en el caso brasileño, que podría ir a mayores si finalmente el gobierno indonesio ejecuta a Gularte infringiendo sus propias leyes.
La ley de Indonesia establece que los condenados a muerte se encuentren en perfectas condiciones mentales en el momento de su ejecución, una circunstancia que Gularte no cumple por su condición de esquizofrénico, confirmada recientemente por médicos indonesios.
