Dos decretos leyes que recoge este 24 de diciembre en el boletín oficial Resmi Gazete ordenan la expulsión de un total de 2.756 personas, entre ellas 637 efectivos de las Fuerzas Armadas: 155 del Ejército de Tierra, otros tantos de la Marina de Guerra y 327 de la Fuerza Aérea.
Un total de 17 ONG, entre ellas siete fundaciones, fueron cerradas.
El movimiento gulenista, Hizmet (Servicio), que coopera con escuelas privadas y universidades en más de 150 países, es para el Gobierno turco una "organización terrorista" y una especie de "Estado paralelo" detrás del fallido golpe de Estado que se saldó con 240 muertos, sin contar a los amotinados, y casi 2.200 heridos.
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El propio Gulen rechaza rotundamente su implicación en los sucesos del 15 de julio de 2016, propone establecer una comisión internacional para investigar la asonada e insinúa que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se aprovechó de la situación para dar un golpe blando contra la Constitución.
Decenas de miles de militares, policías, jueces, funcionarios y profesores fueron suspendidos, detenidos o están siendo investigados por presuntos vínculos con el movimiento gulenista.
