La decisión la adoptó el gabinete a pesar de que el Tribunal Supremo le ordenó la semana pasada que devolviera los cadáveres a sus familias puesto que Israel, en tanto que estado de derecho, debe guiarse también por la legislación internacional al respecto.
No obstante, el Tribunal Supremo concedió al Gobierno un plazo de seis meses para llevar al parlamento una ley sobre esta cuestión que permita mantener los cadáveres de los milicianos palestinos con ese fin.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu aceptó una recomendación del abogado del estado, Avihai Mendelblit, para solicitar una nueva audiencia en el Supremo, señalando que la decisión del tribunal es "inaceptable".