El informe destaca que aunque los bancos israelíes alegan que la ley israelí les obliga a proveer servicios en los territorios ocupados, eso no es verdad y podrían no hacerlo.
Al hacerlo, los bancos "violan sus responsabilidades con la ley internacional" y contribuyen a numerosos delitos, incluidos la violación de los derechos humanos, la apropiación ilegal de tierras y la discriminación contra los palestinos.
Los bancos también contribuyen a la anexión de facto de Cisjordania por parte de Israel. HRW agrega que si los bancos no colaboraran en esas zonas, "el mantenimiento y la expansión de Israel (en los territorios ocupados) sería más difícil".
"Los bancos israelíes están financiando la construcción de los asentamientos y están facilitando la expansión de los asentamientos por elección propia y no porque les obligue la ley israelí", dice Sari Bashi, representante de la delegación de Israel y Palestina de HRW.
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HRW recuerda que algunos inversores internacionales, como la Iglesia Metodista Unida o el fondo de pensiones holandés PGGM, han retirado en el pasado sus inversiones en los grandes bancos israelíes por considerarlas inconsistentes con la política de derechos humanos.
