De acuerdo con la ley, organizadores de las protestas deben avisar el Ministerio del Interior de sus intenciones, y el ministro y sus representantes en las regiones, a su vez, tienen el derecho de cancelar manifestaciones, aplazar la fecha y cambiar de lugar de las mismas, si creen que existe una amenaza a la seguridad.
La ley fue aprobada tras el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi, que provocó en días posteriores enfrentamientos entre sus partidarios y las fuerzas de seguridad.
Según organizaciones de derechos humanos, decenas de activistas egipcios cumplen condenas por haber participado en las manifestaciones y haber violado el orden público.
Actualmente se estudia la posibilidad de indultar a más personas; defensores de derechos humanos aspiran a que todos los activistas no relacionados con la violencia sean puestos en libertad.
