Para conseguir sus objetivos, no necesitarán una nueva ley ni reforzar la legislación existente sino que se concentrarán en conseguir información de espionaje que les permita identificar a los activistas que hay en Israel y conseguir pruebas que justifiquen su deportación.
Un alto cargo del Gobierno israelí que asistió a la reunión entre Dery y Erdan indicó al diario israelí Haaretz que personal de Asuntos Estratégicos, responsable de coordinar la lucha contra la campaña de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) contra Israel, indicó que decenas de organizaciones trabajan en Cisjordania a favor del BDS.
El responsable señaló que estos grupos obtienen información sobre el Ejército israelí en los territorios palestinos ocupados y la usan para promover el boicot a Israel y el aislamiento del país.
Según las fuerzas de seguridad, algunos pertenecen a organizaciones pro-BDS y otros no.
El nuevo equipo de trabajo de los ministerios establecerá los criterios por los que se decidirá señalar a un activista extranjero para su posible deportación o se le prohibirá la entrada.
También determinará qué bases legales se requerirán para que se produzca una expulsión.
Desde el punto de vista legal, no está claro si será necesario que haya pruebas contra una persona de forma individual para echarla de Israel o si el mero hecho de que pertenezca a un grupo acusado de apoyar el BDS será suficiente para deportarla o impedir que entre en Israel.
La misma fuente informó a Haaretz de que "hay grupos extranjeros que apoyan el BDS que ya han sido marcados como objetivo por el ministerio de Asuntos Estratégicos".
Aunque el responsable declinó nombrar a estas organizaciones, es probable que entre ellas esté el Movimiento de Solidaridad Internacional, que tiene miembros en Cisjordania.
