"Urgimos a las autoridades egipcias a detener todas las ejecuciones, revisar los casos pendientes con pena de muerte, tomando en consideración las obligaciones internacionales de materia de los derechos humanos que asumió el país, realizar investigaciones fiables, independientes e imparciales de las acusaciones de torturas, y tomar las medidas necesarias para garantizar de que no se repitan las violaciones al debido proceso y al juicio justo", dice el comunicado.
Según el organismo, en algunos casos los detenidos fueron sometidos a torturas para obtener confesiones, de lo que los tribunales hicieron caso omiso.
"Existe un gran motivo de preocupación puesto que las debidas garantías procesales y de un juicio justo pudieron no haber sido respetadas en algunos de los casos, y que acusaciones muy graves de uso de torturas no fueron investigadas de manera adecuada", apunta la nota.
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El texto destaca que en los países donde está permitida la pena de muerte, los juicios de los casos de la pena capital deben corresponder "a las normas más altas de imparcialidad y debido proceso, para asegurar que no se cometan errores de justicia que provocan que los inocentes se vean privados del derecho a la vida".
El 20 de febrero el Departamento de Prisiones de Egipto ejecutó la sentencia de muerte contra nueve condenados por complicidad en el asesinato del antiguo fiscal general del país Hisham Barakat en 2015.
A principios de este mes fueron ahorcadas tres personas por su participación en el asesinato en 2014 del hijo de un juez en la ciudad de Mansoura, en el Delta del Nilo.
Las autoridades ejecutaron a otros tres por asesinar a un oficial de policía en El Cairo en septiembre de 2013.
