"En los próximos días el presidente y el Gobierno deberían suspender el estado de emergencia y comprometerse con la observación de los derechos humanos (…) en Turquía pese a puntos de vista políticos", dice el informe de HRW.
Este lunes la prensa informó que Ankara, tras el referéndum de este domingo sobre las enmiendas a la Constitución, planea prolongar el estado de emergencia que dura ya más de nueve meses.
Turquía vivió en la noche del 15 al 16 de julio una intentona golpista militar que se saldó con más de 240 muertos y unos 2.200 heridos.
Las autoridades turcas acusaron al teólogo musulmán Fethullah Gulen, autoexiliado en EEUU, de haber organizado el amotinamiento y exigieron su extradición.
Gulen rechazó de plano la acusación de estar detrás de la intentona golpista y propuso establecer una comisión internacional para investigarla.
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Tras la asonada, en todo el país otomano fueron detenidos o suspendidos decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes por su presunta implicación en la intentona o vínculos con la organización de Gulen.
