"El Consejo prolongó el 11 de abril de 2017 hasta el 13 de abril de 2018 las medidas restrictivas adoptadas en respuesta a las serias violaciones de los derechos humanos en Irán", dice su comunicado.
Las sanciones incluyen la prohibición de los viajes a la UE, el bloqueo de los activos de 82 personas y de una entidad jurídica, así como prohíben exportar a Irán equipamiento que puede usarse para represiones internas y el instrumental para detectar telecomunicaciones.
Las restricciones en cuestión se impusieron en 2011 y no tienen que ver con los acuerdos vinculados con el Plan de Acción Conjunto elaborado para solucionar el problema nuclear de Irán.