En todo el 2015, el paso ha estado abierto solo 17 días y las listas de personas que quieren entrar o salir de la franja son muy largas. La prioridad la tienen los casos humanitarios —gente que necesita tratamiento médico- y los estudiantes.
Abu Bakra, que nació en Gaza pero tiene nacionalidad española y vive en España desde hace 30 años, fue a Gaza a acompañar a su hermana por la muerte de su esposo.
"Llevo encarcelada en Gaza casi cuatro meses y no hay vistas de que vaya a salir muy pronto", dijo hoy por teléfono a Sputnik Nóvosti desde la localidad gazatí de Deir el Balah.
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— Unidad Popular (@Unidadpopular__) 8 декабря 2015
"Soy madre, tengo trabajo y soy candidata al Senado, pero he perdido el derecho a hacer campaña electoral. Estoy en la misma situación que los casi dos millones de gazatíes encerrados aquí", señaló.
"Me puse en contacto con el Consulado (de España en Jerusalén) desde el primer momento y me llamaron a la semana de estar aquí para decirme que estaban haciendo gestiones para que Israel me dejara salir por su frontera, pero me advirtieron de que era casi imposible", explicó Abu Bakra.
Israel no permite entrar en su territorio por la frontera de Gaza a extranjeros que hayan accedido a la franja por la de Egipto y solo en poquísimos hacen excepciones.
Fuentes del Consulado de España en Jerusalén dijeron a Sputnik Nóvosti que "se está trabajando desde el primer día para intentar solucionar la situación" de la candidata al Senado, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid.
La semana pasada, Egipto abrió el paso de Rafah dos días y Abu Bakra intentó salir sin conseguirlo. "Fui a la frontera, pero la situación era dramática, ni siquiera todas las personas que estaban en la lista para salir pudieron hacerlo", indicó Abu Bakra.
La candidata de IU al Senado considera "muy importante" que a través de su caso se conozca "la situación que sufren todos los palestinos de Gaza".
IU mandó una carta al ministerio de Exteriores español el viernes pasado en la que denunciaba "que se está perjudicando muy gravemente en su derecho a la libertad de movimientos a una ciudadana española".
El texto afirmaba también que "no solo se le está causando un muy grave perjuicio familiar y laboral, sino que se está impidiendo su derecho a participar políticamente, perjudicando también a nuestra fuerza política de manera evidente".
