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    Las medidas que anunció ayer el Gobierno israelí para aplacar la ola de violencia que se desató el pasado 1 de octubre en Israel y Palestina se han empezado a poner en marcha.

    El Gobierno israelí autorizó a la policía a imponer un cierre sobre zonas palestinas de Jerusalén si se considera necesario por cuestiones de seguridad.

    Las casas de los que cometan ataques se demolerán y en su lugar no se podrá reconstruir nada. El Estado confiscará las propiedades del atacante y, si sobrevive, se revocará su derecho de residencia permanente en Jerusalén, cuya parte este, la palestina, está ocupada por Israel.

    El Gobierno decidió también que el ejército refuerce a la policía en las ciudades y las principales vías de comunicación y contratará a 300 guardias de seguridad para vigilar los transportes públicos en Jerusalén, lo que costará 80 millones de shekels (unos 18 millones de euros).

    La tarde del miércoles, diversas grúas transportaron bloques de hormigón para sellar parcialmente los accesos a tres barrios palestinos de Jerusalén: Jabel Mukaber, Ras al Amud e Issawiya.

    "La policía está colocando bloques en esta entrada de Jabel Mukaber para evitar que ocurran más ataques terroristas y no haya acceso por aquí al barrio. Ayer, tres israelíes fueron asesinados por terroristas que venían de allí. Seguimos luchando por la seguridad en diferentes zonas, ahora en tres vecindarios árabes", explicó a Sputnik Nóvosti el portavoz de la policía israelí, Micky Rosenfeld, en uno de los accesos a Jabel Mukaber.

    Los bloques no cierran los barrios, los vecinos pueden entrar y salir, pero hacen más lenta la circulación. La policía controla aleatoriamente los coches y registra a sus pasajeros.

    Las medidas aprobadas por el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han sido bien acogidas por muchos israelíes, pero también han recibido críticas de los sectores más izquierdistas y de ONGs.

    "Me parece muy bien que cierren los barrios árabes, así no vendrán a matarnos. Nos quieren echar de aquí, pero esto es del pueblo judío", afirmó a Sputnik Nóvosti Moshe, un israelí de 50 años que llegó de Rusia a Jerusalén hace dieciséis.

    En cambio, Human Rights Watch (HRW) afirmó que "exacerbar la política punitiva de la demolición de las casas es una respuesta ilegal y apresurada", según dijo la directora de HRW en Israel y Palestina, Sari Bashi.

    "Cerrar los vecindarios de Jerusalén este es violar la libertad de movimientos de todos los residentes palestinos, más que dar una respuesta elaborada estrictamente a medida para una preocupación específica. Los controles (militares o policiales) son una receta para el acoso y los abusos", añadió Bashi.

    Meir Margalit, director del Centro para el Avance de Iniciativas de Paz (CAPI) y exconcejal de Jerusalén este en el ayuntamiento de la ciudad, aseguró a Sputnik que las medidas "no van a llevar a nada porque son de orden policial cuando el conflicto (entre palestinos e israelíes) necesita medidas de orden político. El gobierno no está enfocando a donde corresponde".

    "Mientras la ocupación continúe, seguirá habiendo resistencia, más pacífica, más violenta, con piedras como en la primera intifada, kamikazes que revienten en un segundo, como en la segunda intifada, o gente que acuchille, como ahora", añadió Margalit.

    Etiquetas:
    Human Rights Watch, Meir Margalit, Micky Rosenfeld, Israel, Palestina, Jerusalén
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