El Gobierno iba a aumentar la multa por confiscación de pasaporte de 10.000 riales cataríes (2.700 dólares) a 50.000 riales cataríes (13.700 dólares). También iba a sustituir el "Certificado de No Objeción" (que actualmente los trabajadores necesitan obtener de su empleador o patrocinador antes de poder cambiar de trabajo), por un "sistema de contrato de trabajo" que permitiría a un empleado cambiarse de empresario al final de su contrato.
Además, estaba prevista la abolición de la "norma de dos años", que actualmente impide a los trabajadores volver a Catar durante dos años desde su último contrato y salida del país.
Pero tras un año, las esperanzas depositadas en un verdadero avance se desvanecen a toda velocidad, según afirma la ONG Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe que ha publicado hoy.
El documento, titulado 'Promising little, delivering less: Qatar and migrant labour abuse ahead of the 2022 Football World Cup' (Pocas promesas, menos cumplimientos: Catar y los abusos a los trabajadores migrantes antes del Mundial de Fútbol del 2022), presenta una "tabla de puntuación" donde se califica la respuesta de las autoridades a los problemas relacionados con nueve derechos laborales fundamentales de los migrantes.
Ha pasado un año y sólo ha habido progresos limitados en cinco de estos asuntos. En las cuatro áreas restantes, las autoridades no han avanzado nada.
"El gobierno de Catar está defraudando a los trabajadores migrantes. Se comprometió a mejorar sus derechos laborales, pero en la práctica, no se han observado avances significativos", ha dicho a Sputnik Mustafa Qadri, investigador de AI sobre los derechos de los migrantes en el Golfo Pérsico.
En los últimos 12 meses prácticamente no ha habido cambios en las leyes, políticas y prácticas para los más de 1,5 millones de trabajadores migrantes en Catar, que siguen estando a merced de sus empleadores y patrocinadores.
Sobre los asuntos fundamentales del permiso de salida, las restricciones para cambiar de empleador según el sistema catarí de patrocinio laboral (kafala), la protección de los trabajadores domésticos y la libertad para constituir sindicatos o afiliarse a ellos, no ha habido el más mínimo avance.
"La mayoría de problemas tienen que ver con el sistema de la kafala, que impide a los trabajadores cambiar de empleador y salir del país. Si se quejan, los empleadores pueden llamar a la policía y mentir, decir que el trabajador se ha escapado y lo arrestarán", ha indicado Qadri.
El Gobierno catarí prometió que a finales del 2014 ya habría abolido el sistema de la kafala, pero "esta afirmación, simplemente, no ha sido verdad, aunque se hayan producido pequeños cambios en algunos aspectos, los grandes no han tenido lugar", ha afirmado Qadri.
"Si no se actúa con rapidez, las promesas formuladas por Qatar en 2014 corren grave riesgo de ser descartadas como mero ejercicio de relaciones públicas para que este Estado del Golfo Pérsico siga siendo anfitrión del Campeonato Mundial de Fútbol 2022", ha señalado Qadri.
La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) se dispone a elegir nuevo presidente la semana que viene, el 29 de mayo. AI subraya que la FIFA tiene la responsabilidad clara de dar prioridad al asunto de la explotación de los trabajadores migrantes en Catar.
Ai considera que la FIFA debe hacer un llamamiento a las autoridades cataríes, en público y en privado, "para que adopten reformas eficaces destinadas a proteger los derechos de los trabajadores migrantes".
"La FIFA ha dedicado mucho tiempo, dinero y capital político a investigar la presunta corrupción en las licitaciones a Rusia y Catar para ser sedes del Mundial de Fútbol, y ha dudado sobre la programación de la competición. Pero aún no ha demostrado un compromiso real para garantizar que Qatar 2022 no se construye sobre cimientos de explotación y abuso", ha destacado Qadri.
"La FIFA debe trabajar en estrecha colaboración con el gobierno, el Consejo Supremo de Catar 2022 –órgano responsable de la organización del Mundial de Fútbol de Catar–, las principales empresas asociadas y otros responsables del campeonato para prevenir los abusos asociados a la organización del Mundial", ha apuntado Qadri.
Una reforma notable propuesta por el gobierno y que sigue en proceso de implementación es la introducción de un sistema electrónico de salarios para cambiar la forma de pago a los inmigrantes. Muchos entrevistados por AI en los últimos meses se seguían quejando de impagos o retrasos en el cobro del salario.
Catar tampoco ha cumplido su objetivo de introducir a 300 inspectores de trabajo antes del fin de 2014. Sólo se han hecho avances limitados en cuanto a la adopción de medidas para mejorar la seguridad en las obras, regular la actividad de las agencias de contratación explotadoras y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de explotación laboral.
"Dado que continúa el auge de la construcción en Catar y está previsto que la población de trabajadores migrantes aumente hasta los 2,5 millones, la necesidad de una reforma urgente es más apremiante que nunca", ha insistido Qadri.
Según AI, la actitud reciente de las autoridades cataríes, "en lugar de adoptar las medidas necesarias para combatir la explotación laboral, suscita dudas sobre si están más interesadas en encubrir los abusos que en ponerles fin".
Periodistas y trabajadores de derechos humanos que investigan las condiciones de los trabajadores migrantes en Catar son objeto de detención e interrogatorio por parte de las autoridades.
El mes pasado, las autoridades cataríes detuvieron a periodistas que investigaban por separado la explotación de trabajadores migrantes para la BBC y la emisora alemana WDR.
"Al intentar amordazar a quienes documentan las condiciones de los trabajadores migrantes mediante la detención y la intimidación, el gobierno transmite el mensaje de que le preocupa más su imagen que terminar con la terrible realidad de las decenas de miles de hombres y mujeres que sufren abusos en Qatar", ha aseverado Qadri.
