Tras el visto bueno del gobierno, se espera que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, pida a la Kneset (Parlamento israelí) que lo someta a votación mañana mismo.
La enmienda permitiría a Netanyahu nombrar más de 18 ministros —quieren designar a 20, algunos sin cartera- y aumentar el número de viceministros. Netanyahu necesitará el apoyo de los 61 miembros de la coalición que ha formado para poder aprobar la enmienda.
Si no se aprueba la enmienda, la coalición podría destruirse y el Parlamento tendría que pedir a otro diputado que intentara formar un ejecutivo.
El reparto de ministerios de la coalición número 34 que gobierna Israel aún no está cerrado. Netanyahu tiene tiempo para hacerlo hasta el miércoles.
De momento, la formación Kulanu (Todos Nosotros, centro-derecha) ha recibido las carteras de Finanzas, Vivienda y Medio Ambiente. Al partido religioso ultraortodoxo Shas, le han concedido las de Economía, Asuntos Religiosos, y Desarrollo de Galilea y el Negev.
La formación religiosa ultraortodoxa Judaísmo Unido de la Torá ocupará el ministerio de Sanidad, La Casa Judía (ultraderecha religiosa) tendrá Educación, Justicia, Agricultura y Asuntos de la Diáspora.
Todavía no está claro cómo se distribuirán las carteras entre el Likud. Al menos 12 miembros del partido que lidera Netanyahu se ven a sí mismos como candidatos a un cargo ministerial, entre ellos Moshe Yaalon —que con casi total seguridad seguirá al frente de Defensa-, Yisrael Katz, Gilad Erdan, Yuval Steinitz, Silvan Shalom, Tzachi Hanegbi y Benny Begin.
El primer ministro ha pospuesto la distribución de los ministerios de los miembros del Likud hasta después de la votación de la enmienda con el fin de evitar un escenario en el que diputados decepcionados por no haber recibido cartera o por haber sido agraciados con una distinta a la que pretendían pudieran abstenerse y frustrar su aprobación.
El presidente del partido de centro Hay Futuro, Yair Lapid, dijo ayer que iba a presentar una demanda al Tribunal Supremo de Justicia si el gabinete aprobaba la petición de Netanyahu de enmendar la ley porque un gobierno de transición no puede promover reformas de la Ley Fundamental.