"Las atribuciones que el actual Gobierno ha dado al Ejército van más allá de la seguridad pública, ahora tiene funciones relacionadas con gestiones de Gobierno, como el manejo de programas sociales, facultades en materias de salud, aduanas, comercio marítimo, construcción de obras de infraestructura y manejo de aeropuertos", dijo Catalina Perez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, California (EEUU, oeste).
Las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas desde 2007 en tareas de seguridad pública, fuera de sus cuarteles, pero la situación empeoró.
Agregó que el diseño aplicado "va desde el centro, con un despliegue que opera como ocupación militar y que va en detrimento de la construcción de instituciones civiles locales, que podrían hacerse cargo de la seguridad pública desde sus comunidades".
El creciente empoderamiento de los militares ocurre mientras las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas no son las mismas que para las instituciones civiles, apuntó.
"Por ser instituciones de seguridad nacional están sujetas a controles y fiscalización, pero no tienen las mismas obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas", objetó la autora de "Justicia desmedida, proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina".
El crecimiento de las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas "ocurre con poco control, sin mecanismos de subordinación al poder civil ni procesos de fiscalización, es muy riesgoso", advirtió.
A su entender, "los militares tienen mucho poder acumulado y pueden presionar en un sentido o en otro".
Negro expediente de las fuerzas verde olivo
Cuando el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, según recuentos de organizaciones nacionales e internacionales.
La organización, fundada en 1989, publicó en octubre el libro Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018).
Esa obra identifica a las unidades y estructuras de mando en las que estaban los agentes de las fuerzas castrenses "que cometieron crímenes atroces".
Para estudiar el combate al narcotráfico y las organizaciones criminales, desde 2016 la comisión trabaja con el Sistema de Investigación y Documentación (I-Doc)", una herramienta desarrollada por la Case Matrix Network para identificar crímenes de guerra.
"Esa plataforma nos ha permitido analizar casos referentes a crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado y generar una base de datos con registros de los patrones de actuación de las autoridades, así como la generalidad o sistematicidad de sus ataques contra población civil", indica el libro.
Los abogados de las víctimas sistematizaron 301 casos de crímenes graves, narrados en 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de diciembre de 2006 a junio de 2019.
Entre los hallazgos, se encontraron "patrones de tortura, asesinato y desaparición forzada", y se logró definir quienes son "las principales autoridades identificadas como responsables de consumar estos crímenes".
Desde 2006, la Fiscalía General informó que se realizaron 13.560 investigaciones penales de tortura perpetrada por autoridades civiles y militares.
Además la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura documentó 4.655 casos desde su creación, en octubre de 2015, hasta 2019.
En los estados, las fiscalías han documentado 21.360 casos de tortura en ese periodo y el grado de impunidad es casi total, ya que el Consejo de la Judicatura Federal reporta apenas 27 sentencias, de las cuales 18 fueron condenas.
En otras palabras, solo 0,19% de casos ha llegado a una sentencia, lo que arroja una impunidad superior al 99%.
