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    Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra (107)
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    LIMA (Sputnik) — Pasada la última crisis política y social en Perú, el país aún no puede dar por sentado que un escenario de convulsión no se suceda otra vez en el corto plazo, y en eso el papel del Tribunal Constitucional (TC) es clave.

    Cuando el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) afrontó su primer pedido de destitución por parte del Congreso legislativo en septiembre pasado, el parlamento apeló a la figura de la "incapacidad moral permanente", contemplada en el artículo 113 de la Constitución.

    En aquella ocasión, Vizcarra, acusado de presunto actos de corrupción, presentó una demanda competencial ante el TC en contra de la iniciativa del Legislativo de sacarlo del cargo.

    Esta demanda busca que el máximo ente judicial peruano establezca los alcances de la causal de destitución por incapacidad moral permanente, así como cuándo el Congreso puede hacer uso de ella. En suma, lo que pidió el Ejecutivo entonces fue que se especificase qué se debe entender por incapacidad moral permanente, pero ¿por qué?

    Lastre en la ley

    Según apuntó el sociólogo peruano Fernando Tuesta en la página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la causal de destitución por incapacidad moral data de la Constitución que tuvo Perú en 1839. Por aquella época y con una psiquiatría en pañales, los problemas mentales se entendían como cuestiones morales; así, padecer una afección mental era una cuestión moral.

    En ese sentido, el espíritu original de destituir a un presidente por "incapacidad moral permanente" estaba referido a la incapacidad, además objetivable, de que una persona no pueda ejercer la presidencia por el deterioro de sus habilidades mentales, lo que hoy sucedería con un paciente afectado por Alzheimer o por demencia senil, por citar un par de ejemplos.

    Sin embargo, durante los últimos 5 años —al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también se le quiso destituir por la misma causal—, el Congreso ha hecho un uso excesivo y discutible de esta figura porque, al final de cuentas, siendo una cuestión que habla de "moral", resulta siendo un motivo tan subjetivo que basta un pretexto de pobre solidez para que un Congreso hostil acuse a un jefe de Estado de ser "inmoral".

    De hecho, entre todas las causales que puede emplear el parlamento para sacar a un presidente, la incapacidad moral es la única que no requiere de diagnósticos o pruebas objetivas para ser válida. En Perú, al presidente se le puede destituir por fallecimiento, por abandonar el país sin permiso del Congreso o por incapacidad física grave (que quede en estado vegetativo, por ejemplo), todas causas que son concretas y objetivables.

    Tribunal crucial

    El martes 17 de noviembre, luego de la destitución de Vizcarra, la renuncia del expresidente Manuel Merino y tras una fuerte crisis política y social que implicó protestas ciudadanas que terminaron con dos fallecidos en enfrentamientos con la Policía, finalmente llegó la calma con la toma de Gobierno de parte del presidente interino, Francisco Sagasti.

    Sin embargo, el parlamento peruano ha demostrado tener como objetivo terco el sacar presidentes para hacerse del poder, algo que podría repetirse con Sagasti si es que se muestra reacio a ser servil y obediente con el Legislativo.

    En un escenario de ese tipo, el Congreso podría, nuevamente y bajo cualquier argumento antojadizo, declarar a Sagasti como "incapaz moral", generando un nuevo escenario de conflicto social que, con una sociedad ciertamente harta de la clase política, haría prever una convulsión gravísima a apenas 5 meses de celebrarse las elecciones generales de donde saldrá un nuevo jefe de Estado y un nuevo parlamento.

    Por eso, lo que decida el TC sobre la figura de la incapacidad moral permanente es crucial para que el país andino no vuelva a pasar por otra crisis en el corto y largo plazo.

    Si la corte señala que la incapacidad moral debe estar referida a motivos objetivables (una condena judicial por determinados delitos, por ejemplo), se garantizaría que el Congreso no vuelva a hacer uso arbitrario de la causal. Si por el contrario, deja las cosas como están, se estaría poniendo la tranquilidad y gobernabilidad del país en serio peligro.

    El 19 de noviembre, el TC tiene previsto pronunciarse luego de celebrar una audiencia donde se escucharon los argumentos de los procuradores del Ejecutivo y Legislativo. Puede ser un día que marque un destino aciago para una población exhausta y que, todo indica, no está dispuesta a soportar más maniobras de un Congreso que, según un sondeo publicado el miércoles 18 por el Instituto de Estudios Peruanos, es desaprobado por el 90% de la población. Perú no da para más enfrentamientos.

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    Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra (107)
    Etiquetas:
    Martín Vizcarra, Tribunal Constitucional del Perú, crisis política, Perú
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