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    SAN SALVADOR (Sputnik) — Una protesta enérgica impidió que quedara coja una mesa de diálogo social recién implementada en Costa Rica, de la cual habían sido marginadas las voces femeninas, que de inmediato reivindicaron su derecho a expresarse y ser oídas.

    La convocatoria lanzada en respuesta a las protestas contra un eventual acuerdo gubernamental con el Fondo Monetario Internacional dejó de entrada la amarga impresión de que la búsqueda de soluciones a la crisis nacional era cosa de machos, a juzgar por la falta de interlocutoras.

    Ante el absurdo, un centenar de mujeres suscribieron una carta abierta exigiendo una mayor paridad de género en el diálogo entre el Gobierno y los organizadores de las manifestaciones que en octubre pasado paralizaron a un país duramente golpeado por la pandemia de COVID-19.

    Profesionales de diversos ámbitos de la política y la sociedad civil se opusieron a ser discriminadas en un asunto que atañe a todos, y más cuando el Estado tiene la obligación jurídica de reconocer el derecho a la igualdad en los espacios de decisión.

    Las firmantes reclamaron que cada grupo en la Mesa de Diálogo Nacional incluya la misma cantidad de mujeres que de hombres, tanto por el derecho a participar en igualdad, como porque saben que el aporte de la visión femenina será determinante para el éxito de toda negociación.

    Según el texto, "la capacidad de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder".

    Además, estimaron que la representación paritaria favorecerá soluciones inclusivas, que no afecten a grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos.

    Reacción oficial

    A esta reivindicación se unieron la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, y la ministra de la Condición de la Mujer, quienes recalcaron en una misiva la necesidad de garantizar la paridad de género en todos los puestos de representación del diálogo impulsado por el Gobierno.

    Las funcionarias afirmaron que la administración del presidente Carlos Alvarado ha promovido la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos del desarrollo humano sostenible, así como políticas públicas para la igualdad y no discriminación.

    El propósito es, agregaron, "el desarrollo de acciones con enfoque de género, con el objetivo de crear un nuevo pacto social donde la igualdad sea una realidad".

    En consecuencia, Alvarado nombró a la politóloga Ilka Treminio y al economista Víctor Umaña facilitadores del proceso que comenzó el pasado 23 de octubre, con representantes de diversos sectores.

    La jornada inicial dejó un consenso en 18 aspectos, entre ellos la protección a las poblaciones más vulnerables, construcción de consensos y rendición de cuentas, entre otros, mientras la próxima plenaria abordará la reactivación económica, el empleo decente y el combate a la pobreza.

    "Este es un momento histórico, que luego de 20 años, las personas que integran distintos sectores estén sentadas escuchándose para lograr consenso", declaró Treminio.

    Moderado optimismo

    El Movimiento Rescate Nacional, organizador de las protestas que llevaron al diálogo, ratificó su carácter pacifista, humanista y ambientalista, pero algunos de sus líderes arrastran un pasado de cuestionamientos a la paridad de género.

    Quizás el mayor ejemplo sea el rechazo de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, al proyecto de ley 21.009, impulsado desde 2018 para garantizar dicha paridad y la alternancia en las direcciones sindicales.

    "Pese a que Albino Vargas diga que pedir igualdad de género en los sindicatos es "querer joderlos" vamos a seguir con el Proyecto 21.009 para que más mujeres puedan liderar sindicatos y para que nadie se aferre al poder", replicó entonces la diputada Paola Vega, impulsora de la iniciativa.

    Las estadísticas confirman que la brecha de género aún es grande en Costa Rica, donde persiste la violencia patrimonial y sexual contra las mujeres, mientras crece la desigualdad económica, según el más reciente ranking del Foro Económico Mundial.

    Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos confirman que las mujeres costarricenses ganan un 13% menos que los hombres, calculado sobre el sueldo mensual, aunque la Constitución protege legalmente el derecho a igual salario por igual trabajo.

    A su vez, la Defensoría de los Habitantes, órgano encargado de proteger los derechos e intereses de la ciudadanía, reconoce que hay deudas con la participación de las mujeres indígenas en los órganos de decisión, el acceso a la tierra y los procesos de consulta sobre su uso.

    El reclamo —escuchado y atendido— sobre la paridad en la actual Mesa Nacional de Diálogo genera un moderado optimismo en la construcción de una sociedad más equitativa en Costa Rica.

    Etiquetas:
    Centroamérica, mujeres, Costa Rica
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