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Puerto Rico, en la encrucijada electoral de una semicolonia dependiente de EEUU

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En una enconada lucha electoral por ganar la gobernación de Puerto Rico, los tradicionales partidos Nuevo Progresista, Popular Democrático, junto al Independentista Puertorriqueño y el debutante Movimiento Victoria Ciudadana, pugnarán los votos populares el próximo 3 de noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Además de la gobernación, están en disputa 27 escaños en el Senado de Puerto Rico, 51 puestos en la Cámara de Representantes, 78 alcaldías, y la del Comisionado Residente, un representante sin voto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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Pero además de este escenario político al interior de la isla, la disputa presidencial en la nación del norte entre republicanos, con Donald Trump optando por la reelección, y los demócratas, con Joe Biden al frente, acapara la atención de los poco más de tres millones de puertorriqueños residentes y los 5,7 millones que viven en EEUU, por su condición de nación dependiente a los designios políticos y económicos de Washington.

Para Gustavo Casalduc, veterano militante del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), la situación colonial de Puerto Rico ha sido utilizada por ambos partidos estadounidenses —Republicanos y Demócratas— para beneficio de sus propios intereses.

"Los votantes puertorriqueños que participan en el proceso electoral de EEUU tienen una presencia mayoritaria en los estados de Nueva York (noreste) y Florida (sureste) y representan un voto importante dentro de los grupos minoritarios", comentó a Sputnik, destacando que "ese electorado se afilia mayoritariamente al Partido Demócrata".

Situación interna en Puerto Rico

"En principios de la década de 1990 hubo un ejercicio de atender la situación colonial de Puerto Rico con un proyecto del senador estadounidense John Bennett Johnston Jr., demócrata por el estado de Louisiana, con la participación de las fuerzas independentistas, colonialistas y anexionistas", comentó Casalduc.

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"El resultado final —agregó el activista boricua— luego de la exposición de cada una de las fuerzas que la anexión (estadidad) no tenía ninguna posibilidad en aquel momento, la colonia status quo era el problema, la independencia era una posibilidad real y hubo ofertas de parte del Congreso de EEUU de encaminar un proceso de indemnización mediante transferencias económicas para viabilizar la ruta en un período de 20 años con transferencias de capital".

"Luego de ese proceso y de cinco consultas de "preferencia de status" locales —subrayó— el Congreso norteamericano una y otra vez mantiene su posición de rechazo a la anexión, pero tampoco asume su responsabilidad histórica con encaminar un proceso justo de libre determinación conforme al derecho internacional en el cual el coloniaje debe terminar, siendo avalado año tras año en el Comité de descolonización de Naciones Unidas".

La Junta de Control Fiscal

Casalduc comentó que como consecuencia del colapso estructural del modelo colonial impuesto a Puerto Rico por más de un siglo, el Congreso de EEUU derogó el poco espacio de autonomía fiscal dentro de la isla, y en 2016 nombró a una Junta de Control Fiscal con poderes absolutos para determinar los presupuestos de gastos gubernamentales provocando el recorte en servicios esenciales salud, educación, pensiones de trabajadores, infraestructura y otros.

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Con la imposición de esta junta, el Gobierno de la isla quedó relegado a racionar el presupuesto pero sin decidir dónde se emplea el dinero, y adjudicando los recaudos gubernamentales al pago de la deuda pública —se calcula en unos 72.000 millones de dólares— marcada por la corrupción y malversación de fondos públicos de los gobiernos locales en las últimas ocho décadas.

Esta deuda se acumula, según Casalduc, después de "todas las etapas de explotación colonial y los monopolios cañeros, industrias de mano de obra intensiva, petroquímica e industria de alta tecnología, economía de consumo, y deuda desmedida, a favor de los intereses del capital foráneo".

En opinión del activista hostosiano, en estas elecciones del próximo 3 de noviembre en Puerto Rico, los partidos mayoritarios PPD y PNP, que han gobernado al país durante los últimos 80 años, "presentan serios problemas para continuar obteniendo el favor del pueblo por el desastre causado durante sus incumbencias".

El Partido Independentista —dice— "se mantiene como una fuerza minoritaria en la fiscalización del Gobierno, pero cabe resaltar que su candidatura a la gobernación ha generado un gran entusiasmo en el electorado y se espera una buena demostración del mismo".

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Por su parte, cree que el Movimiento Victoria Ciudadana se presenta por primera vez a las urnas con un acopio de fuerzas que incluye independentistas, estadistas y soberanistas, liderados por una candidata a gobernadora —Alexandra Lúgaro— quien en las pasadas elecciones de 2016 logró un 11% del electorado de manera independiente.

El 3 de noviembre se medirán en las urnas Pedro Pierluisi, candidato del PNP, fuerza política que aboga por convertir a la isla borinqueña en el Estado número 51 de Estados Unidos; y Carlos Delgado, del Partido Popular Democrático (PPD), que defiende mantener el status de Estado Libre Asociado.

También participarán Juan Dalmau, candidato del PIP; Alexandra Lúgaro, del MVC; César Vázquez, del Proyecto Dignidad (PD), y Eliezer Molina, que se presenta como candidato independiente.

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