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    El Gobierno mexicano apuesta a la recuperación económica mediante cuatro megaproyectos: una refinería, dos ferrocarriles y un aeropuerto internacional, invirtiendo más de 20.000 millones de dólares. Pero la generación de empleo podría ser marginal, mientras ecologistas y comunidades rurales e indígenas protestan por no ser tomadas en cuenta.

    "Si bien se necesita reorientar fondos para hacer frente a la pandemia, esto no debe hacerse a costilla del sufrimiento de los pueblos indígenas, sacrificándolos a ellos en esta época de COVID-19", planteó Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los derechos indígenas.

    En el foro La lucha por la libre determinación en las políticas y marcos legales realizado esta semana en la capital mexicana, Urrejola expresó: "es ahora cuando los Estados más deben apoyar a esas comunidades, que son las que se han sentido relegadas de las políticas públicas".

    Los indígenas del sur de México han manifestado sus preocupaciones por el impacto ambiental y social que tendrán los megaproyectos que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y particularmente sobre el trazado del llamado Tren Maya.

    Los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, en costas del Golfo de México y el Caribe serán enlazados con fines turísticos por una red ferroviaria de 1.460 kilómetros.

    Un tren turístico en territorio sagrado

    El recorrido del tren incluye a su paso el mayor balneario turístico caribeño, Cancún, la atractiva franja de playas de la Riviera Maya, que ya costó la pérdida irreparable de manglares.

    Pero también cruzará por valiosos sitios arqueológicos de ruinas mayas que llegaron a su esplendor entre el siglo III y IX, y recorrerá por ancestrales poblados indígenas, reservas de la biósfera y territorios sagrados de los aborígenes.

    Esa península es conocida también por haber sido el lugar preciso del impacto de un meteoro, en el pueblo costero de Chicxulub, Yucatán, que causó un cambio climático que extinguió a los dinosaurios, hace 66 millones de años.

    López Obrador defiende la importancia del proyecto, no sólo para generar empleos en el turismo, sino también para permitir que haya una mejor conexión del sureste mexicano con el resto del país.

    Los estados de esa región, con una amplia población indígena, mantienen fundamentalmente una economía basada en el turismo, las artesanías y la explotación agrícola de baja intensidad; marginados del proceso de industrialización concentrado en los estados del centro, oeste y norte del país.

    El Tren Maya es parte de los cuatro megaproyectos, junto con la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto alterno de la base militar de Santa Lucía para servir a la capital, y un sistema de transporte multimodal que incluye ferrocarril y carretera sobre el istmo de Tehuantepec.

    Ese cuarto proyecto intentará competir con el Canal de Panamá en el transporte de carga entre las costas este y oeste de EEUU.

    Malos cálculos

    López Obrador aseguró inicialmente que estos megaproyectos podrían generar hasta 150.000 empleos, pero esta semana el gobierno redujo ese cálculo inicial a 80.000 plazas laborales.

    Para el senador opositor Manuel Añorve, la política de concentrar toda la inversión en esos cuatro proyectos de gran envergadura no solo provocaría daños ambientales y alteración de suelos, sino también distraen al Gobierno de la necesidad de mantener el empleo en la pandemia.

    La crisis sanitaria ha dejado a por los menos 1,17 millones de mexicanos sin trabajo, como reconoce el Gobierno, pero cerca de 12 millones más se han visto obligados a abandonar el mercado laboral informal.

    "Se trata de cifras terribles, demuestran que las autoridades federales piensan más en sus proyectos faraónicos que en la generación de empleos", señaló Añorve en el Congreso.

    El legislador anunció que los costos de los cuatro megaproyectos han sido subestimados y que la inversión requerida finalmente será mucho mayor.

    En efecto, esta semana el propio director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, admitió en una comparecencia ante la Cámara de Diputados que la refinería del puerto petrolero Dos Bocas, en costas de Tabasco, tierra natal del presidente, tendrá un costo de 8.900 millones de dólares, es decir: 900 millones de dólares más que la estimación original.

    Las agencias financieras, como Moody's, advirtieron que el proyecto podría costar hasta 12.000 millones de dólares.

    Y a comienzos de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno mexicano que posponga las obras de la refinería, y que utilice esos recursos en acciones dirigidas a paliar los efectos económicos de la pandemia.

    La respuesta de López Obrador fue tajante: "Lo único que pedimos [al FMI] es que nos respeten; somos libres y soberanos, ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México".

    Etiquetas:
    economía, México
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