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La Habana lucha por frenar al COVID-19 y contra quienes incumplen las medidas sanitarias

© AP Photo / Ramon EspinosaUn niño cubano
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LA HABANA (Sputnik) — Quince días después de haberse aplicado en la capital de Cuba medidas más restrictivas para intentar detener la propagación del COVID-19, que incluyen un toque de queda de diez horas, las cifras de casos positivos se mantienen en rojo y las indisciplinas sociales siguen retando a las autoridades.

La violación constante de las medidas de prevención determinadas por las autoridades sanitarias, principalmente en La Habana, la más populosa de las ciudades cubanas, con 2,1 millones de habitantes, obligó al Gobierno a establecer el Decreto 14-2020.

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La normativa está dirigida a establecer las sanciones para castigar las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento al COVID-19.

Hasta el momento, en La Habana se mantenían 12 eventos de transmisión local activos y 145 focos en sus 15 municipios, según información brindada por el gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, en el último encuentro del Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control de la enfermedad.

Batida a las infracciones

Desde la entrada en vigor del Decreto 14-2020, el pasado 1 de septiembre, las autoridades policiales han aplicado más de 5.000 multas y más de 2.600 advertencias, en más de 5.300 actuaciones frente a violaciones de la población e instituciones estatales y privadas, que en ocasiones demuestra una absoluta falta de percepción del riesgo ante el peligro del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que hasta el momento ha contagiado a más de 4.800 cubanos y provocado 109 muertes.

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Las multas, que oscilan entre 2.000 y 3.000 pesos cubanos (83 y 125 dólares respectivamente), no han convencido del todo a los infractores, a pesar del alto costo de los correctivos, teniendo en cuenta que el salario promedio del cubano roza los 44 dólares mensuales.

Entre las principales violaciones está el no uso, o uso incorrecto de la mascarilla; locales gastronómicos abiertos fuera de los horarios establecidos; la no habilitación de los pasos podálicos, y el incumplimiento de medidas sanitarias.

Otros ciudadanos han tenido que ser requeridos judicialmente por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la violación del toque de queda, vehículos circulando sin la debida autorización, y la realización de fiestas en viviendas particulares, con aglomeración de personas.

Las filas, lo de nunca acabar

Por su parte, las filas siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades habaneras, que siguen alertando de la necesidad de mantener el distanciamiento físico y la protección con mascarillas.

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A pesar de eso, no es difícil encontrar aglomeraciones de personas frente a las tiendas o establecimientos de venta, y que se violen las indicaciones para el uso de las mascarillas (descolgadas en el cuello con boca y nariz descubierta), muchas veces ante la presencia de los agentes del orden.

Para algunos, el desabastecimiento, la falta de productos esenciales, la deficiente distribución y la ausencia de transporte público, son causas de estas indisciplinas; pero para otros, ninguna de estas condicionantes justifica que se violen las medidas aplicadas.

Revendedores y acaparadores

A su vez, sigue presente el flagelo de los "coleros", personas que hacen de las filas en los mercados una manera de lucrar en plena crisis, y a su vez se convierten en una de las fuentes de abastecimiento de los revendedores y acaparadores.

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Cifras ofrecidas por las autoridades locales dejaron saber que en este período han sido procesados por la ley, 372 personas por actividad económica ilícita, 92 por acaparamiento, 12 por especulación, nueve por tráfico de monedas, y 248 por receptación, en una batida contra el mercado negro, que pretende suplir las carencias e ineficiencias del sector estatal.

De los 736 casos confirmados con COVID-19 en Cuba en los primeros 15 días de septiembre, 431 fueron detectados en La Habana, lo que constituye 58% del total, una cifra que dispara las alertas a las autoridades sanitarias en esta batalla contra el peligroso flagelo.

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