01:22 GMT21 Septiembre 2020
En directo
    Opinión & Análisis
    URL corto
    Por
    2180
    Síguenos en

    La orden de detención domiciliaria contra el senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, que tomó por sorpresa a más de uno, puede ser el detonante para derrumbar parte de su edificación política, comenzado por la suspensión de su escaño en el Congreso mientras se define si es llamado a juicio.

    La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue hecha pública el 4 de agosto por el propio expresidente (2002-2010) a través de su cuenta de Twitter, luego de que así le fuera anunciado y aún antes de que el tribunal diera a conocer su fallo a la población.

    ​Horas después, la Corte emitió un comunicado en el que explicó que "con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal", observó que existían "posibles riesgos de obstrucción de la justicia" por parte de Uribe "respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos" que presuntamente lo involucran, por lo que determinó dictarle prisión domiciliaria.

    Uribe, quien permanece en su hacienda El Ubérrimo (Córdoba, norte), donde ingresó una misión médica para evaluar su estado de salud, según informan medios locales, espera ahora que la Corte notifique formalmente de su decisión al Congreso, cuya mesa directiva deberá proceder a suspenderlo de su cargo como senador.

    ¿Qué viene ahora?

    Uribe deberá salir temporalmente del Congreso, pero no perderá su escaño, el cual será ocupado de manera temporal por Yenny Rozo Zambrano, exdiputada por el departamento de Cundinamarca (centro) y quien fue la siguiente en la lista de candidatos que su partido, Centro Democrático, presentó para las elecciones legislativas de 2018.

    La posibilidad de que Rozo ocupe de manera permanente la banca de Uribe dependerá de que este sea hallado culpable por la Corte, o bien que el mismo expresidente decida renunciar para asumir su defensa, pero en todo caso el escaño no se perderá, pues ello sólo aplica para delitos graves y de lesa humanidad, pero no para fraude procesal y soborno, conductas por las que el exmandatario es investigado.

    Giro inesperado

    Uribe es el primer expresidente de Colombia que tiene que cumplir detención domiciliaria. El caso se remonta a 2014, cuando en un debate en el Congreso el senador de izquierda Iván Cepeda —uno de sus máximos oponentes— lo acusó de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes, para lo cual presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.

    Cepeda fue más allá y acusó a Uribe y a su hermano, Santiago, de crear un bloque al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que enfrentó a las guerrillas FARC y ELN y que mató a miles de civiles en medio de esa lucha.

    Ante los señalamientos, Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y lo acusó de frecuentar a exparamilitares en las prisiones para que sirvieran como falsos testigos en su contra.

    El tribunal siguió el caso por varios años, pero en un giro inesperado encontró que era el propio Uribe quien manipulaba a los testigos para afectar la carrera política de Cepeda, por lo que le abrió una investigación al expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal, los mismos por los cuales el 4 de agosto fue enviado a prisión domiciliaria mientras se evalúa si es llamado a juicio.

    Proceso que sigue

    Mientras el propio Uribe, su partido y sus seguidores sostienen que el fallo de la Corte tiene motivaciones políticas, sus críticos aseguran que el fallo muestra la independencia de las altas cortes del país y que, como lo dijo Cepeda tras conocer la decisión, "no hay individuos que estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosos que estos sean".

    Álvaro Uribe
    © REUTERS / Luisa Gonzalez
    Sea como fuere, lo cierto es que la detención domiciliaria es sólo parte de un proceso que no inició la Corte, sino el mismo Uribe, que pasó de cazador a cazado, y en el que también están involucrados el diputado Álvaro Hernán Prada, a quien el alto tribunal le imputó el delito de soborno en calidad de cómplice, y Diego Cadena, exabogado de Uribe que habría pagado a exparamilitares para que cambiaran su versión a favor de Uribe y en desmedro de Cepeda.

    El 6 de agosto, un juez decidirá si envía o no a prisión a Cadena, mientras que Uribe seguirá vinculado a la investigación en prisión domiciliaria.

    Así las cosas, ahora resta que con base en sus investigaciones la Corte Suprema decida si llama a juicio al expresidente, hecho en el cual el tema sería asumido por tres magistrados que conforman la Sala de Primera Instancia, pero antes de que el caso llegue a esa instancia sin duda serán varias las apelaciones que presente la defensa de quien es considerado el presidente más popular de la historia reciente de Colombia.

    Etiquetas:
    Colombia, Álvaro Uribe Vélez
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook