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    En la campaña llamada 'En el país dónde se erradicó la tortura', el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas —situado en el sureño estado de Chiapas— desgrana cómo la tortura es un mecanismo sistemático y generalizado para sustituir a la investigación judicial de delitos en México.

    A partir de su trabajo como defensores de personas que han sido torturadas en Chiapas, el Centro de derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lanzó una serie de vídeos que buscan promover el reconocimiento de un mecanismo institucionalizado que involucra a múltiples actores del sistema judicial y policial, que lo sostienen cotidianamente.

    Encargados de actuar como peritos independientes en la aplicación del Protocolo de Estambul —el conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, es un manual de investigación y documentación de casos de tratos crueles y degradantes— ante la Justicia Chiapaneca, el Frayba nutrió su campaña de las grabaciones de las audiencias orales del sistema penal acusatorio, en que decenas de personas denuncian lo sufrido, sin lograr que jueces y fiscales atiendan sus palabras.

    "Tenemos a agentes del Ministerio Público, policías y jueces participando de actos de tortura de personas de bajos recursos económicos, que no tienen dinero suficiente para contratar una defensa privada y a quienes les es asignado un defensor público del Estado, que tampoco hace mucho por defender a quienes han sido torturados", dijo a Sputnik Jorge Gómez Hernández, abogado y defensor de derechos humanos en el Frayba.

    El mecanismo

    Hay dos factores importantes que han generalizado la tortura en Chiapas, según la investigación hecha por el Frayba y presentada a Sputnik por Gómez Hernández. 

    Primero, que la tortura funciona como un "mecanismo de fabricación de culpables" ante un sistema de investigación de delitos que no tiene las capacidades o "la voluntad de hacer bien su trabajo para llegar a la verdad de los hechos", señaló la fuente, que identificó cómo se acciona este mecanismo:

    • Agentes de policía o de las fuerzas armadas detienen ilegalmente a personas, en la calle o también han documentado casos en que son sacados ilegalmente de sus domicilios o del transporte público.
    • Una vez que la persona fue detenida, la torturan: "le dan golpes, patadas, choques eléctricos, le quitan las uñas, hemos tenido casos en que se comete violencia sexual contra las víctimas" con el propósito de que la persona se declare responsable de un delito que no ha cometido.
    • El proceso de tortura decanta en la firma de una confesión autoinculpatoria, donde la persona reconoce que ha cometido el delito que le indican los agentes estatales o bien, para "legalizar" pruebas ilícitas que se usarán en el proceso judicial viciado, que puede ser, por ejemplo, reconocer a una tercera persona por medio de fotos o de cámaras Gesell (una habitación donde se observa personas sin ser visto).

    Aunque la investigación del Frayba refiere al accionar de la Justicia chiapaneca, este mismo mecanismo se ha probado en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en que la verdad histórica fue construida con la tortura de más de 60 personas.

    Las confesiones y/o pruebas fabricadas por medio de la tortura son presentadas por los agentes del Ministerio Público ante un juez, que la valida y abre un proceso judicial contra la persona detenida (o contra otras a las que se les haya fabricado el caso con pruebas obtenidas bajo tortura) y que suele terminar en la condena como culpable de personas inocentes, detenidas ilegalmente y torturadas, algo que en el sistema penal acusatorio vigente invalidaría todo el procedimiento, que está sujeto a un mecanismo de "control de detención" que no se garantiza efectivamente.

    Esta es la segunda parte del mecanismo que tiene que ver con un patrón sistemático en que los agentes del Ministerio Público —actuando en conjunto con los policías y fuerzas armadas que ejecutaron la detención ilegal— legalizan la información falsa, creando en torno a ella "una investigación" que es presentada al Poder Judicial, que también la valida y procede contra el inocente.

    "Entonces tenemos a policías, fuerzas armadas, ministerios públicos, defensores de oficio y jueces participando en actos de tortura", explicó el abogado.

    Amparo institucional

    Aunque la Fiscalía chiapaneca creó —como lo hizo también el nivel Federal de Justicia en 2018— una Fiscalía Antitortura dentro de su organigrama encargada de recibir las denuncias por tortura e investigarlas —que puede leerse como una evidencia de la recurrencia de los hechos que aquí se denuncian— así como perseguir penalmente a los funcionarios públicos que cometen estos actos, "lo que vemos es que no están haciendo las investigaciones y cierran esos expedientes penales", señaló la fuente.

    El defensor del Frayba aportó un dato para graficar esta realidad: "Solo para que en nuestro imaginario quede claro, la distancia entre la Fiscalía antitortura con las Fiscalías que torturan es un piso en el edificio de la Fiscalía General del Estado".

    El abogado señaló que son, a su vez, contados los casos en que la Comisión Estatal de derechos humanos de Chiapas (CEDH-Chiapas) actúa al recibir denuncias de estos crímenes cometidos contra personas de bajos recursos. Explicó que la respuesta usual que reciben los sobrevivientes de tortura que acuden a la CEDH es que "tienen que probar que han sido torturados, cuando es obligación de la Comisión probarlo", sostuvo.

    "Por lo tanto, ningún policía, ministerio público, juez o defensor público que haya participado en hechos de tortura es castigado de ninguna forma, ni siquiera con una multa administrativa, ni destituido de su cargo y mucho menos, llevado a prisión" por la comisión de este delito grave, desde una posición de poder y fuerza.

    "Así, tenemos un aparato institucional del que participan todos estos actores para la fabricación de culpables y para establecer la impunidad plena en el estado de Chiapas cuando los verdaderos culpables siguen en libertad", concluyó.

    Al consultarse la información oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas respecto a la cantidad de recomendaciones emitidas por la Institución sobre la comisión del delito tortura y actos crueles y degradantes, solo se halla una recomendación del año 2020, otra del año 2019, una de 2018, dos de 2017 y dos de 2016.

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