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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La imagen de Alejandra Muciño, una mujer menuda, de lentes y vestir sobrio, aparece en varios avisos difundidos alrededor del Centro Histórico de Ciudad de México, con la pregunta: "¿Le has visto?"

    Desde hace una semana esta religiosa de 35 años se suma a la enorme y creciente lista de desaparecidos en México, que según el Gobierno supera los 73.000 casos.

    Alejandra tiene "cicatrices por acné en ambas mejillas y un lunar en la parte superior de la ceja derecha". Usa lentes, tiene cejas pobladas y trabaja en la catedral metropolitana. El volante suministra dos números telefónicos para suministrar alguna información.

    La desaparición de Muciño coincidió con la presentación de un informe oficial de 73.247 personas reportadas como desaparecidas.

    Más de 63.500 casos ocurrieron después de 2006, cuando comenzó la "guerra contra el narcotráfico" con fuerzas militares.

    El libro del dolor

    El informe que presentó el 13 de julio la comisionada nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, Karla Irosema Quintana, detalla que en seis meses de este año suman 2.332 personas cuyo paradero se desconoce.

    Ese libro lleno de dolores y tristezas reseña que más 177.863 personas desaparecieron desde 1964 en este país.

    Muchas búsquedas no han sido en vano: porque 104.645 víctimas fueron localizadas: 98.242 vivas…, y 6.401 muertas.

    "Una primera conclusión es que las denuncias aumentaron desde 2006", al calor de la guerra abierta contra el narcotráfico.

    La segunda indica que esa tragedia se ensaña con la juventud: el 75% de víctimas tienen de 15 a 30 años de edad.

    Desde diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman casi 28.000 nuevas denuncias de desapariciones, casi 45% de todas las ocurridas en 14 años.

    El Gobierno explica ese aumento por sus esfuerzos por visibilizar el fenómeno, que anteriores administraciones trataron de ocultar.

    Cifras sin nombres

    Mónica Meltis, especialista de Datacívica, organización ciudadana que contrasta la información oficial con la testimonios de organizaciones independientes, explica a Sputnik que, el recuento divulgado por el Gobierno es un avance, "pero que habría sido mejor publicar la base de datos utilizada para la sumatoria de casos, para poder contrastar las cifras".

    La publicación de esa información permitiría confrontarla con la acumulada por un enorme grupo de colectivos de familiares, que buscan con sus propios medios a los desaparecidos.

    Datacívica ha trabajado en un modelo que busca identificar cada caso denunciado, vincularlo con sus nombres y sus fotografías, para darle rostro a una herida abierta para cientos de miles de familiares.

    "Tenemos cifras que no terminan de encajar, mientras el Gobierno dice que busca la transparencia y la rendición pública de cuentas como su motor", lamenta la experta.

    Morir mil veces

    En 18 meses del actual Gobierno, las autoridades han logrado encontrar 1.682 cuerpos, muchos en fosas comunes.

    A pesar de los cuerpos o fragmentos de cadáveres desenterrados, la identificación suele demorarse muchos años.

    "Para miles de madres es cómo morir mil veces. Diariamente les llegan informes, van a una fosa y no encuentran a sus hijos entre esos muertos. Es un dolor que se repite", dijo Pedro Carrizales, congresista en el central estado de San Luis Potosí, en diálogo con Sputnik.

    Un caso ejemplar es el de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que desaparecieron en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero (sur).

    Fueron atacados por policías en patrullas de varios municipios cuando viajaban en cinco autobuses ocupados hacia una manifestación anual en la capital, que conmemora la masacre de universitarios de 1968 en la Plaza Tlateloclo.

    Hace solo dos semanas, las autoridades lograron identificar plenamente, en un laboratorio forense de la Universidad de Inssbruck, Austria, los restos de un estudiante, Christián Alfonso Rodríguez.

    Ese hallazgo llevó al fiscal Alejandro Gertz a reabrir la investigación, revirtiendo una versión de su antecesor, Jesús Murillo, quien proclamó una "verdad histórica" sobre el caso que se ha derrumbado.

    Ese relato hablaba de un grupo de narcotraficantes que habría recibido a los estudiantes secuestrados: los asesinaron, incineraron sus cadáveres en un basurero y lanzaron las cenizas a un riachuelo de Cocula, pueblo vecino de Iguala.

    Carrizales, diputado por el Partido del Trabajo (de la coalición federal de Gobierno), comenzó un recorrido nacional en busca de desaparecidos.

    "Es una manera de salir de la pandemia de la violencia: uniéndonos como sociedad", explica.

    El diputado viaja con un grupo de músicos que cantan temas que alertan a los jóvenes sobre el espejismo del mundo del narcotráfico.

    No es festivo, es un canto del profundo dolor mexicano.

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    fosas comunes, narcotráfico, Guerra contra el narcotráfico en México, desaparecidos, violencia, derechos humanos, México
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