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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El juicio contra el coronel Inocente Montano por la masacre perpetrada por el Ejército de El Salvador en la Universidad Centroamericana (UCA) en 1989 volvió a poner sobre el tapete la impunidad que aún persiste en esta nación centroamericana.

    Por lo pronto, el proceso celebrado el mes pasado en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en España, quedó listo para sentencia y todo indica que el coronel Montano de inocente solo tiene el nombre, y que pasará lo que le queda de vida en prisión.

    Extraditado desde Estados Unidos en 2017, Montano era el viceministro de Seguridad en El Salvador cuando el batallón Atlactl asesinó a ocho personas en la casa pastoral de la UCA, usando fusiles AKM para culpar a la guerrilla que entonces lanzaba su mayor ofensiva.

    Pero pronto se supo que aquel crimen buscaba silenciar al rector de la UCA, el padre Ignacio Ellacuría, en la mira de la cúpula militar y la oligarquía criolla por sus nexos con la Teología de la Liberación y su mediación para acabar con el conflicto armado interno (1980-1992).

    Así, en 1991 fueron condenados en un juicio calificado de "farsesco" el coronel Guillermo Benavides y el teniente René Mendoza, liberados dos años después gracias a la Ley de Amnistía pactada por los bandos para firmar la paz.

    Una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas para investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos durante la guerra expuso las irregularidades del proceso, y su manipulación para proteger a los altos mandos involucrados.

    Con la derogación en 2016 de la Amnistía se abrió la posibilidad de procesar a quienes ordenaron los crímenes y no solo a quienes los ejecutaron, meros peones del poder económico y militar.

    El acusado acusador

    El teniente Mendoza fue testigo clave en el juicio contra Montano, y ratificó lo que la Comisión de la Verdad denunció hace años: la masacre de la UCA fue una operación autorizada por el alto mando del Ejército, y hasta el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) estaba al tanto.

    "Esa fue una operación completamente autorizada, todo el mundo lo supo, los oficiales de la escuela militar todos sabíamos", declaró Mendoza en videoconferencia desde Chile, donde tuvo que exiliarse por miedo a que lo mataran para acallarlo.

    Mendoza confirmó además que el actual diputado Rodolfo Parker, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), manipuló su declaración para evitar que en el juicio de 1991 se mencionara a algún oficial del Alto Mando de la Fuerza Armada (FAES).

    "El abogado Parker, que llegó a escuchar mi declaración, interrumpió y rompió la hoja que estaban mecanografiando y dijo: 'No, no, no. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o el Batallón Atlacatl'", relató a la corte española.

    Dicho testimonio fue retomado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para arremeter contra Parker, y ambos intercambiaron insultos en redes sociales.

    "Es una hipocresía absoluta que este Gobierno actúe como si le interesaran las víctimas, cuando vemos a Bukele dándole más poder a los militares, que incluso han condecorado al general Orlando Zepeda, uno de los que ordenó la masacre de la UCA", dijo a Sputnik el abogado Arnau Balenas.

    Querellante del juicio reabierto en El Salvador por la referida matanza, Balenas no cree que haya un genuino interés en proteger y reparar a las víctimas, si no en sacarle lasca electoral al asunto para afectar a rivales políticos, sin tocar a la FAES.

    Reto para la justicia

    En abril de 2018, un juzgado salvadoreño anuló el sobreseimiento de los generales retirados Zepeda, Juan Rafael Bustillo, Humberto Larios, Francisco Fuentes y René Ponce, el coronel Montano y el expresidente Cristiani, por su responsabilidad en el crimen.

    Sin embargo, a cuatro años de la derogación de la Ley de Amnistía no hay avances en el caso, y algunos acusados ya han muerto sin responder por sus crímenes ante la justicia y las víctimas.

    Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, dijo a Sputnik que el juicio en España contra Montano emplaza al sistema judicial salvadoreño para que investigue y procese a los demás responsables, cuyos nombres ya eran conocidos y ahora fueron confirmados.

    "Hay un interés en resaltar las responsabilidades individuales, como la sabida de Parker, para ocultar la responsabilidad institucional de la FAES, que fue cooptada durante el conflicto armado por la Tandona", señaló Escalante, en alusión a una temida promoción de oficiales graduada en 1966.

    Por lo pronto, el juicio contra Montano y su eventual condena marca un precedente en la lucha contra la impunidad en El Salvador, pero quienes reclaman justicia, verdad y reparación han aprendido a moderar el optimismo, porque como decía san Oscar Arnulfo Romero, "la justicia en este país es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos".

    Etiquetas:
    impunidad, El Salvador
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