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    Rebrotes y la 'nueva normalidad' en España (113)
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    BARCELONA (Sputnik) — Las regiones de País Vasco y Galicia se encuentran a las puertas de la primera cita electoral poscoronavirus en España, que tendrá lugar el 12 de julio en un contexto marcado por los rebrotes que genera un interrogante entre los ciudadanos: ¿puede impedir el Gobierno ir a votar con diagnóstico o sospecha de COVID-19?

    Los comicios para elegir a los Parlamentos de ambas regiones llegan con retraso, con una convocatoria original aplazada por el coronavirus, y serán los primeros que se celebren en España en mitad de una crisis sanitaria que acumula ya más de 253.000 afectados y 28.400 fallecidos en todo el país.

    En este escenario sin precedentes surge un debate jurídico sobre si es posible restringir el acceso a las urnas de aquellas personas que hayan dado positivo por COVID-19 o presenten signos de la enfermedad a raíz del contacto estrecho con infectados.

    "El próximo domingo se plantea un escenario en que puede haber un riesgo de reducción de la calidad democrática en un sistema como el de España, donde la participación política se sustenta a través del modelo electoral. Si este sufriera una reducción [en el marco de la pandemia] esto sería peligroso y tendríamos que estar enormemente atentos", afirma en declaraciones a Sputnik el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Oliván.

    Los dirigentes animan a ir a votar pese a los brotes

    La región de Galicia, vecina de Portugal, llega a las urnas tras una campaña electoral marcada por un importante brote de COVID-19 en la comarca de A Mariña, al norte de la provincia de Lugo, que el pasado 5 de julio obligó a confinar de nuevo a más de 70.000 habitantes de catorce municipios.

    Esta situación provocó un dilema entre los principales partidos políticos, que se vieron obligados a cancelar actos y mítines mientras no dejaban de animar a los gallegos a acudir a las urnas para ejercer su derecho a voto.

    El propio presidente autonómico y favorito a ganar los comicios, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió a los ciudadanos ir a votar "frente al miedo", para acto seguido recomendar a las personas contagiadas o sintomáticas que no vayan a los colegios "por prudencia".

    De hecho, la normativa de la emergencia sanitaria aprobada por el Gobierno gallego ordena a las personas con COVID-19, que sospechen haber sido infectadas o sean un contacto estrecho de un positivo a que "permanezcan en aislamiento, sin poder abandonar su domicilio".

    En el País Vasco se dio una situación similar a raíz de un reciente foco de coronavirus en la localidad de Ordizia, en Guipúzcoa.

    En este municipio de 10.000 habitantes se registró un brote que afecta ya a un centenar de personas y mantiene aislado a otro millar, cerca del 10% de la población, a la espera de resultados de las pruebas de COVID-19.

    En una entrevista con la televisión pública de España, y con un mensaje muy similar al de su homólogo gallego, el presidente y candidato a la reelección Iñigo Urkullu (Partido Nacional Vasco) trasladó a la ciudadanía que "hay todas las garantías para poder votar" el 12 de julio.

    Poco antes, el alcalde de Ordizia había declarado públicamente que no se daban "las garantías de seguridad ni democráticas" para celebrar los comicios en esta localidad.

    Prohibición de acudir a las urnas para los casos positivos

    Ante los rebrotes, los responsables sanitarios de ambas regiones pidieron a los enfermos con un diagnóstico por coronavirus confirmado que no vayan a los colegios el 12 de julio.

    El consejero gallego de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, recordó en una rueda de prensa que los 259 casos activos en la región no deben ir a votar "por una cuestión de salud pública", una petición que extendió a todos los ciudadanos con síntomas.

    El Gobierno del País Vasco también anunció que impedirá explícitamente que 200 personas con un diagnóstico de COVID-19 activo vayan a votar, aunque no dejó claro de qué manera.

    Según explicó en una rueda de prensa la consejera de Salud, Nekane Murga, hay otras 500 personas consideradas contactos estrechos de enfermos que se encuentran en investigación y recibirán una comunicación en el móvil "para recordarles que pueden ejercer el derecho al voto, pero que serán valoradas".

    "Si confirman que siguen sin síntomas, podrán acudir a votar el domingo", afirmó la responsable sanitaria de la región, aunque precisó: "Cualquier persona con síntomas compatibles deberá permanecer en su domicilio y comunicarlo al servicio sanitario".

    Alternativas para preservar el derecho a voto

    Tanto el impedimento para votar como el miedo extendido entre la población a contagiarse son factores que previsiblemente determinarán los resultados electorales, lo que abre un debate sobre si es legal impedir a los ciudadanos acudir a las urnas.

    El Régimen Electoral de España no contempla prohibir el voto a las personas enfermas, aunque sí establece que las personas con afecciones graves, como sería el COVID-19, pueden votar mediante una persona apoderada por un notario.

    Oficialmente, solo carecen de derecho de sufragio en España aquellas personas condenadas por una sentencia judicial firme que les prive "del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento".

    Pese a la petición de quedarse en casa, ninguno de los gobiernos ofreció alternativas a los ciudadanos para poder ejercer su derecho a votar y tampoco precisaron cómo controlarán que los contagiados no se desplacen a los colegios.

    Para priorizar que todos puedan votar sin poner en riesgo la salud, asesores sanitarios del Gobierno de Galicia sugerían que las 400 personas que están en cuarentena por ser contactos estrechos de positivos de COVID-19 voten en un horario separado o sin pasar por la cola.

    Otra de las alternativas era ampliar el plazo de solicitud del voto por correo, que terminó el pasado 2 de julio, y a que se acogieron un récord histórico de ciudadanos: 63.200 personas en Galicia y 104.500 en País Vasco, según cifras del operador de servicio postal Correos.

    Pero esa posibilidad, que fue solicitada por varios partidos, ya la descartó la Junta Electoral Central de España.

    A apenas tres días de los comicios, es prácticamente posible activar nuevos mecanismos que permitan a los enfermos acudir a las urnas.

    Unas elecciones condenadas a la baja participación

    Oliván ve muy posible que, a raíz de esta incertidumbre, la cita electoral transcurra "con una bajísima participación política, especialmente en zonas muy localizadas coincidiendo con los lugares que están viviendo una mayor tensión epidémica".

    "De esto podemos deducir que podría existir una cierta crisis democrática, sobretodo si hay una manifestación colectiva de personas que no pudieron ir a votar por el miedo al virus", afirma este experto.

    El catedrático explica que un brote de COVID-19 no equivale a una persona que sufre un infarto o se somete a una operación y no puede ir a votar, ya que eso es un caso individualizado: "Estamos hablando de una situación colectiva que afecte a muchas personas".

    Ante las dudas sobre la validez jurídica de las peticiones de los gobiernos, Oliván recuerda que España ya no está en estado de alarma ni confinamiento, un supuesto donde sí peligrarían los derechos de los ciudadanos, al no poder desplazarse a votar.

    "Ahora estamos en una situación más blanda, porque no hay una reducción absoluta de movimiento. Aunque se incorporen factores como el miedo al virus", mantiene este experto.

    Ante la duda sobre la validez jurídica de las decisiones adoptadas por Galicia y País Vasco, solo queda la posibilidad de que aquellos que consideren vulnerados sus derechos interpongan un recurso ante el Tribunal Constitucional.

    Se trata de una eventualidad que llegaría, de todos modos, bien pasadas las elecciones, que todo apunta que transcurrirán según lo previsto por las autoridades regionales.

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