Trump promulgó la ley de Política de Derechos Humanos de los uigures 2020 que condena "las graves violaciones a los derechos humanos de los grupos minoritarios étnicos musulmanes en la región china de Sinkiang" y para otros efectos, incluyendo la autoridad específica para sancionar a ciertos ciudadanos extranjeros, dice el comunicado difundido por la Casa Blanca.
Se acusa a las autoridades en Pekín de haber creado una red de campos de reeducación en la provincia de Sinkiang donde habitan los uigures. Según la estimación más audaz, cerca de un millón de uigures están privados de la libertad en estos campos.
Las autoridades chinas oficialmente no reconocen la violación de los derechos humanos de los uigures ni otros musulmanes túrquicos en Sinkiang. Asimismo, Pekín no tardó en responder a la nueva ley estadounidense: la Cancillería china tachó la nueva normativa de "una burda injerencia en sus asuntos internos". Además, China prometió tomar "contramedidas enérgicas" contra EEUU.
Puede parecer que Washington se preocupa por esta minoría, pero en realidad a la Casa Blanca y al presidente Trump no les preocupa la situación sobre los derechos humanos en China.
El mandatario norteamericano mete sus narices donde no lo llaman porque persigue metas muy concretas: en esencia busca debilitar a China política y económicamente, ponerla de rodillas y, si es posible, descuartizarla. Hay razones sólidas para pensar así.
Independentismo uigur y Estados Unidos
China desde hace siglos lidia con el problema del separatismo uigur en Sinkiang y en ciertas etapas las autoridades norteamericanas apoyaron la independencia de Turquestán Oriental —el nombre bajo el que Sinkiang es conocida entre los independentistas— de manera bastante directa, si bien nunca reconoció la independencia de la región ni anunció la intención de hacerlo.
La historia reciente del movimiento secesionista uigur se remonta al siglo XIX cuando tuvieron lugar varias revueltas de los musulmanes chinos. En 1933, los uigures lograron crear una república independiente, pero esta existió un año y en 1934 fue incorporada a la República de China.
En las últimas décadas, el movimiento independentista uigur cambió sus tácticas: ahora que Pekín apretó las riendas y aseguró su control sobre Sinkiang, los independentistas uigures —a los que China considerar separatistas— actúan sea desde el extranjero o protagonizan actividades ilícitas dentro de Sinkiang, pero muy rara vez. La situación en la región ha permanecido volátil a lo largo de muchos años: hubo incluso ataques terroristas como, por ejemplo, el de Urumchi en 1997.
En aquella época, la Comisión de EEUU para la Libertad Religiosa Internacional expresó su "profunda preocupación" por la "represión" en China y llamó a realizar una investigación independiente de las protestas e imponer sanciones contra Pekín. Todo esto teniendo en cuenta que las dos partes tanto el Gobierno chino como los propios uigures recurrieron a actos de violencia.
Una cálida bienvenida
Estados Unidos tiene una posición parcial hacia los acontecimientos en Sinkiang porque tiene intenciones malvadas en cuanto a China y busca utilizar los problemas interétnicos dentro del país asiático para su beneficio. La Casa Blanca apenas logra esconder esas intenciones: varias organizaciones independentistas uigures están radicadas justo en la capital estadounidense, Washington.
Una de las personas más destacadas, y expresidente del Congreso, es Rebiya Kadeer, empresaria y activista política uigur que ganó una fortuna en China, cooperó con Pekín, pero luego le dio la espalda y emigró. Rebiya Kadeer se reunió con políticos estadounidenses al más alto nivel e incluso tuvo una cita con el presidente estadounidense George Bush, en 2008, en la Casa Blanca. El Gobierno chino califica a Kadeer de ser una "separatista" y la acusa de cooperar con "extremistas".
Justo por esa razón, Estados Unidos mete sus narices en los acontecimientos en Hong Kong donde una parte de ciudadanos se muestra en contra de la futura integración de la ciudad en el seno de la RPC. EEUU también mantiene relaciones estrechas con Taiwán —de facto un país independiente y no controlado por Pekín— cuya presidenta, Tsai Ing-wen, es partidaria de la proclamación formal de la independencia de la isla, que todavía no ha sido hecha.
En otras palabras, a Estados Unidos le convendría que a China le ocurriese lo mismo que pasó con la URSS o Yugoslavia. Pero esto sería una verdadera tragedia para más de 20 millones de ciudadanos chinos que viven en Sinkiang, tanto uigures como los de la etnia han.
La amenaza a la integridad territorial de la RPC hace que Pekín afiance el control sobre esta zona y es de esperar que las autoridades chinas recurran a medidas extraordinarias para evitar que el país resulte descuartizado.
