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    Tras la publicación de la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional en el Diario Oficial de la Federación, el sector empresarial de México llamó a su revocación, luego de considerar que esta medida amenaza las inversiones en proyectos eléctricos de todo el país.

    "El impacto más inmediato de las medidas que anunció la Secretaría de Energía (SENER), desde el punto de vista de las finanzas públicas, va a ser la caída de la inversión; menores proyectos de inversión impactan en el crecimiento económico, pero también va a inhibir la capacidad recaudatoria del Gobierno federal, por las inversiones que se pueden estar cancelando", resaltó por su parte el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Ángel García-Lascurain.

    Del mismo modo, para el diario Wall Street Journal las medidas anunciadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador implican un control estricto del mercado eléctrico por parte del Estado mexicano, lo cual afectará proyectos con un valor cercano a los 6.000 millones de dólares.

    Asimismo, el medio estadounidense consideró que el freno a los proyectos privados desalienta la inversión, ya que 44 planes programados para operar de manera comercial entre 2020 y 2021 han sido detenidos. También resaltó que esta incertidumbre se agrega a la recesión económica que enfrenta México debido a la pandemia de COVID-19.

    Por si fuera poco, las representaciones diplomáticas de Canadá y la Unión Europea en México se dirigieron a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para señalarle que los cambios en las leyes y políticas en sector eléctrico atentan contra la inversión de energías renovables.

    En particular, el encargado de negocios de la Unión Europea, Jean-Pierre Bou, pidió a las autoridades mexicanas información sobre cuánto tiempo se extenderán las nuevas restricciones a la participación extranjera, a fin de poder medir el impacto sobre la inversión realizada por empresas europeas en el país latinoamericano.

    Julio Valle, vocero de las asociaciones Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y Mexicana de Energía Solar (Asolmex), explicó en entrevista para Sputnik las causas del amplio rechazo a la Política de Confiabilidad.

    "Los proyectos [de energías renovables] son intensivos de capital, eso quiere decir que necesitan tanto dinero que no lo resuelve uno solo: necesitas que participe la banca nacional, internacional, fondos mexicanos, internacionales, banca de desarrollo, afores. Por eso hay tantos actores tan diversos preocupados por eso. Estamos violentando temas ambientales, de salud pública, técnicos del sector eléctrico, del equilibrio de los financiamientos y del capital de México y en el extranjero, el bienestar de los trabajadores protegido dentro de sus afores. Hay tantos temas inmersos que por eso la respuesta, no sólo del sector, sino del país, ha sido tan diversa y nutrida", dijo.

    Para Valle, la situación debe verse más allá de los intereses privados en el sector eléctrico mexicano. Principalmente, porque el acuerdo, al dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la operación de plantas, pretende eliminar la competencia en el mercado, un aspecto que tendrá su principal impacto en el bolsillo de la población.

    Por una parte, porque esto llevará a los consumidores a abastecerse con la energía producida por la empresa del Estado mexicano, la cual planea emplear combustibles y tecnologías más costosas en comparación con otras que ya operan en Europa y países como Costa Rica o Uruguay.

    "[Los costos de producción de la energía van a trasladarse] al consumidor final. No sólo estoy hablando de los grandes industriales, que consumen mucha energía, sino de todos los consumidores: los residenciales, las pymes, la pequeña industria que están sujetos a las tarifas que autorice la CFE para ellos y, si en la mezcla de tecnologías que están comprando empiezan a meter cosas más caras, tu resultado va a ser tarifas más altas", consideró Valle.

    Esta consideración es respaldada por datos oficiales. Según la CFE, la producción de un megawatt hora con combustibles fósiles tuvo un costo de 138 dólares en 2019, mientras que para generar el mismo megawatt con energías renovables se requirieron 67 dólares.

    Asimismo, expertos en temas de medio ambiente han advertido que el cierre de las plantas que utilizan energías renovables implica graves riesgos ambientales. Además, llevarán al incumplimiento del compromiso internacional para lograr que México genere 35% de su electricidad de fuentes renovables para 2024.

    Refinería de Cadereyta, México
    © REUTERS / Daniel Becerril
    "La política climática del actual gobierno tiene implicaciones severas en varios aspectos. En el medio ambiente, se puede augurar que no se cumplirán las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050. Además, quemar combustóleo, como se propone, tendrá serios impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la Zona Metropolitana de Ciudad de México", lamentó Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México en una videoconferencia con expertos en esta materia.

    Pese a ello, la SENER ha defendido que la Política de Confiabilidad tiene como objetivo fortalecer al Sistema Eléctrico Nacional, en especial ante el desbalance que existe entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda nacional. Desde la perspectiva de la dependencia encabezada por Rocío Nahle, este problema se ha acentuado a partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la cual redujo la demanda de los sectores industrial y comercial.

    En el mismo sentido, la CFE ha dicho que el acuerdo publicado en el Diario Oficial asegura la confiabilidad del SEN ante la disminución de la demanda de energía eléctrica por la pandemia. Igualmente, agregó que esta política asistirá a la planeación adecuada de la construcción e interconexión de nuevas centrales eléctricas, con base en la demanda eléctrica en ciertas regiones del país.

    Julio Valle coincide en términos generales con ese diagnóstico. Sin embargo, apunta a que esta situación también ha servido para construir un argumento falaz: que las energías renovables son la causa de la intermitencia en el servicio eléctrico en algunas regiones del país.

    El vocero de la Amdee y la Asolmex recordó que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha alertado desde hace tiempo sobre la necesidad de invertir en proyectos para responder a la demanda de energía en ciertas partes del país. Pese a esto, el actual titular de CENACE, Alfonso Morcos, ha afirmado que la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 hace necesario utilizar fuentes más seguras para generar la energía que demanda la población.

    Valle advirtió que, a pesar de esa consideración, las recientes suspensiones de permisos para la operación de plantas de energías renovables —iniciadas el 1 de mayo por la CENACE—, así como la detención de las pruebas para la interconexión de líneas de estas plantas tienen un sentido claro: fortalecer a la CFE mediante la monopolización del mercado eléctrico.

    "54% de la electricidad de México proviene de plantas de la CFE y [las autoridades] no quieren que eso se reduzca. En todo caso, quieren aumentarlo. Esa fue la instrucción que dio el presidente, pero lo han tomado como si eso fuese una ley y están cambiando reglas para que eso se cumpla, en lugar de fortalecer a la CFE a partir de inversiones, capacitación y esfuerzo, que realmente la llevaría a fortalecerse", señaló.

    Estos cambios han llevado a las empresas privadas a interponer amparos ante los tribunales. El 19 de mayo, un juez emitió una suspensión contra la orden de detener las operaciones de plantas de energía renovable, luego de considerar que la medida podría distorsionar la libre competencia, lo cual va en detrimento del consumidor, así como de los compromisos de México con la generación de un medio ambiente limpio.

    Para Julio Valle este conflicto terminará por afectar las perspectivas de inversión en el país. Al respecto, afirma que actualmente las empresas que participan del sector de energías renovables en México cuentan con proyectos que no van más allá de 1 o 2 años, ante el riesgo regulatorio que existe por las acciones recientes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

    Además de la inversión y la potencial pérdida de empleos, el vocero de la Amdee y la Asolmex aseveró que las políticas en materia eléctrica pueden poner en riesgo la competitividad del país.

    "Ya nos empezamos a rezagar contra lo que hacen los demás. Cada año que nos quedemos parados, el mundo no se detiene a esperarnos, sigue adelante. Y si nosotros nos esperamos a tomar decisiones tambaleantes y los precios aumentan, la competencia no nos va a dar una tregua. Al contrario, se van a aprovechar de eso y van a sangrar todo lo que puedan. El mercado es el mercado, la competitividad es valiosísima, y fomentar eso localmente es clave para mantenernos en la posición privilegiada que hemos estado hasta ahora", concluyó.
    Etiquetas:
    Comisión Federal de Electricidad (CFE), México, energía renovable
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