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    LA PAZ (Sputnik) — Denuncias de corrupción, incluso en la compra de materiales para enfrentar la crisis sanitaria, y una ola de bloqueos que crece en Bolivia han puesto al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez en uno de sus momentos más difíciles, declaró a Sputnik el analista Vicente Guardia.

    "Parece que no le está resultando bien al Gobierno culpar al MAS de todos los problemas y de la tensión social; hay errores propios que le están pasando factura el Gobierno, por ejemplo en el caso de los respiradores españoles", dijo Guardia, investigador social privado y docente de la universidad de El Alto.

    Desde su llegada al poder por el golpe de Estado de noviembre de 2019, Áñez ha realizado una sostenida campaña para desprestigiar al pasado Gobierno de Evo Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), como supuesto gran responsable de problemas políticos, económicos y, últimamente, de la incapacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia de COVID-19.

    Pero una compra de 170 respiradores de industria española, presentada como uno de sus proyectos estelares, está dando al Gobierno transitorio impensados disgustos y descrédito luego de que profesionales y medios denunciaran que esos aparatos no sirven y además tendrían sobreprecio.

    "El Gobierno puede tener razón en denunciar que el MAS está de alguna manera detrás de las protestas sociales contra la cuarentena y las demandas de elecciones, pero se encuentra aparentemente sin respuestas claras ante las denuncias de irregularidades en el caso respiradores, que vienen de sectores que han sido sus aliados", afirmó Guardia.

    Señaló que las denuncias de malgasto en los respiradores de la firma española GPA Innova "han causado indudablemente gran malestar al Gobierno vienen de círculos médicos y hasta universidades que hasta ahora le habían dado un respaldo casi incondicional".

    Las críticas también surgieron desde casi todos los sectores políticos, que tienen la mirada puesta en las elecciones previstas para los próximos meses.

    Los respiradores, anunciados como solución de las deficiencias de cuidados intensivos en los hospitales bolivianos, llegaron el 14 de mayo y eran distribuidos personalmente por Áñez, en actos que el MAS calificó como proselitistas.

    Ya el viernes 16 la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva denunció que los aparatos no cumplían requisitos mínimos de la Organización Mundial de la Salud para cuidados intensivos y que ni siquiera sirven para atender emergencias.

    Son solo "resucitadores manuales o bolsas autoinflables que no se pueden instalar ni en ambulancias, por falta de fuente propia de energía, no se pueden utilizar en terapia intensiva y apenas serían útiles como accesorios de respiradores completos", dijo a reporteros José Luis Prieto, representante de esa sociedad médica.

    A la polémica se sumaron varias empresas y hasta universidades como la Católica Boliviana (UCB), que revelaron que en los dos últimos meses habían desarrollado y presentado al Gobierno, sin recibir respaldo, proyectos de fabricación local de aparatos respiradores de mejores prestaciones que los importados de España.

    Esas organizaciones, que tras varios experimentos aislados se unieron en una sola iniciativa denominada MAMBU, dijeron que podían fabricar los aparatos a un costo unitario de aproximadamente 1.000 dólares, frente a los 27.687 dólares que el Gobierno dijo que pagó a GPA Innova.

    En un comunicado, el Gobierno evitó mencionar este 18 de mayo a los proyectos locales de respiradores y anunció que equipos más completos llegarían en las próximas semanas.

    Este anuncio parecía insuficiente para aplacar las críticas que, en extraña coincidencia, surgieron de los candidatos del MAS, Luis Arce, y los conservadores Carlos Mesa, Jorge Quiroga y hasta el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, que calificaron a la compra de respiradores como "una burla", entre otras cosas.

    El caso se sumaba a reportes coincidentes de los diarios La Razón y Página Siete, que el último fin de semana recapitularon al menos 13 casos de corrupción en el Gobierno, con énfasis en contrataciones irregulares de empresas públicas como la telefónica Entel, la aerolínea BoA y la petrolera YPFB, cuyos presidentes fueron relevados y puestos bajo investigación.

    "Y para colmo, las protestas crecientes", resumió el analista.

    Este 18 de mayo persistían por séptimo día consecutivo los bloqueos de carreteras en las afueras de la ciudad de Cochabamba (centro) en demanda de fin del confinamiento y fijación de fecha de las elecciones.

    Bloqueos con los mismos argumentos comenzaron el domingo 17 de mayo en proximidades de las ciudades de El Alto, Santa Cruz y Potosí, según los medios. 

    Etiquetas:
    bloqueo, corrupción, Bolivia
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