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    SAN SALVADOR (Sputnik) — La fina línea que separa al estado de Derecho de la dictadura en El Salvador se difumina gradualmente, lo cual inquieta a quienes conocen lo difícil que resultó recuperar la democracia en este país, y lo fácil que puede desmoronarse.

    El enfrentamiento al coronavirus causante de la pandemia global de COVID-19 le ha permitido al presidente Nayib Bukele alegar razones de fuerza mayor para imponer su estilo, tildado de autoritario y populista por unos, pero considerado modélico por otros.

    "Si Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto de caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana", alertó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

    El visto bueno de Bukele al uso de fuerza letal por parte de policías y militares para reducir a las pandillas fue visto por Vivanco como una "carta blanca para matar", la cual contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

    Junto con la orden se viralizaron duras imágenes de pandilleros rapados y amontonados en las cárceles salvadoreñas, las cuales dividieron a la opinión pública entre quienes aplauden la mano dura, y quienes defienden los derechos humanos para todos.

    Cero tolerancia a la crítica

    Bukele ha sido cuestionado por su poca tolerancia a la crítica, y por estigmatizar, a golpe de tuits, todo intento de contrapeso o señalamiento a sus directrices, algo de lo que no se salva ni la Constitución de la República.

    De hecho, hace par de semanas el mandatario proclamó que desobedecería una sentencia de la corte constitucional en contra de la detención arbitraria de quienes violen la cuarentena domiciliar, decretada para evitar la propagación del SARS-CoV-2.

    "Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir", tuiteó a mediados de abril Bukele, a partir de su lectura de un fallo que pretendía garantizar derechos básicos.

    Tal posición preocupó incluso al fiscal general Raúl Melara, quien se vio obligado a recordar que todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son de obligatorio cumplimiento.

    "El Salvador había ganado un buen prestigio a nivel internacional como un país observador y cumplidor de las garantías constitucionales, pero hoy somos de los más cuestionados", dijo el excomandante guerrillero Oscar Ortiz, vicepresidente del país de 2014 a 2019.

    Ortiz, ahora secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), aseguró que la administración de Bukele aprovecha la crisis desatada por el COVID-19 para destruir la institucionalidad e instalar una dictadura.

    ¿Peor el remedio que la enfermedad?

    Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, tras ganar en primera vuelta las elecciones de febrero, llevándose poco más de la mitad del exiguo 45 por ciento de electores que participó en los comicios.

    De hecho, ese desencanto imperante en el electorado fue capitalizado por el joven político, quien se vendió como un "outsider" de la política, aunque venía de ser alcalde por dos períodos consecutivos por el FMLN, que acabó expulsándolo en octubre de 2017.

    Desde su llegada al poder proclamó que sería diferente de "los mismos de siempre", en alusión a los gobiernos del Frente (2009-2019) y del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (1992-2009).

    Sin embargo, también enarboló la bandera de la seguridad y entre sus primeras medidas destacó una orden de encierro total en las cárceles, cuestionada por violar el debido proceso.

    Luego de recurrentes choques con los diputados, Bukele agudizó la tensión entre los poderes del Estado el 9 de febrero, al militarizar la Asamblea Legislativa y sus alrededores, con la amenaza de disolver el Parlamento si no le aprobaban la negociación de un crédito.

    En ese contexto sobrevino la crisis sanitaria mundial, y el Ejecutivo actuó con una celeridad que sin dudas retrasó el ingreso del patógeno al país, pero también con cierto grado de improvisación y una narrativa más centrada en asustar que en prevenir.

    Así, Bukele impulsó un régimen de excepción que restringió temporalmente varias garantías constitucionales, como el derecho a la libre movilidad, y dio luz verde a militares y policías para detener y remitir a centros de contención a quienes salieran de sus casas.

    La Presidencia cerró además su único canal de comunicación con los medios de prensa, y el gobernante insistió en considerar enemigos del pueblo salvadoreño a quienes le reclaman apego a la constitucionalidad, entre ellos, reconocidos defensores de los derechos humanos.

    A todas estas, los detractores de Nayib intentan posicionar la etiqueta #BukeleDictador en redes sociales, pero el presidente es difícil de vencer en su propia cancha: la batalla de las percepciones la tiene ganada, y por amplio margen.

    Etiquetas:
    crisis política, democracia, El Salvador, Nayib Bukele
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