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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — A cinco años de los ataques de policías contra un centenar de estudiantes que viajaban en cinco autobuses en Iguala, Guerrero, renace la esperanza de encontrar la verdad, dijo a Sputnik uno de los principales abogados de sus familias, Vidulfo Rosales.

    "Cinco años después estamos en un punto difícil, con pocos avances, pero con la oportunidad de que el nuevo Gobierno [del presidente Andrés Manuel López Obrador], con una nueva fiscalía federal, se realice una rectificación del caso", dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero (sur), donde está la escuela rural de los maestros de Ayotzinapa.

    Rosales añadió que esa "es la gran esperanza de las madres y los padres de los desaparecidos".

    Los jóvenes fueron atacados cerca de la medianoche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, en Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital, adonde intentaban llegar, para la conmemoración anual de la masacre de universitarios de 1968 de la Plaza Tlatelolco.

    Rosales admitió que "los padres de familia no han dejado de luchar contra una investigación totalmente irregular, en la que se utilizó tortura y coacción para obtener confesiones".

    La llamada "verdad histórica", presentada el 29 de enero de 2015, por quien era procurador general, Jesús Murillo Karam, "fue resultado de una investigación deficiente e irregular, en la que se construyó una teoría del caso presentada como verdad, que hoy se derrumba permitiendo la impunidad para personas que han sido liberadas", lamentó.

    El pasado 14 de septiembre, la justicia federal liberó a 24 inculpados, elevando la cifra de imputados en libertad a 77, de los 142 detenidos y acusados por el caso.

    En los últimos meses ha surgido "información relevante nueva", se hacen búsquedas no hechas antes, y el nuevo Gobierno manifiesta el compromiso de "realizar una investigación más objetiva", que retome líneas de investigación que recomendó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relata el defensor.

    En una reunión reciente de los familiares y sus abogados, el nuevo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que reemplaza con autonomía el antiguo cargo de procurador, expuso el nuevo enfoque de las pesquisas, ante funcionarios de organismos internacionales como testigos.

    "Nos dijo que fue una investigación desaseada, y que si bien no sería un crimen de Estado la desaparición de los estudiantes, lo que se hizo durante la investigación irregular, que está permitiendo la impunidad, sí fue un crimen de Estado", resumió Rosales.

    La pista "fuerte" del narcotráfico

    La nueva ruta de la investigación considera nuevos elementos, retoma hipótesis inexploradas y descarta pistas fallidas.

    Una de ellas es la huella del narcotráfico como móvil de los ataques perpetrados por patrullas policiales de varios municipios que rodean a Iguala, lo cual explicaría la entrega de los jóvenes detenidos a sicarios del grupo criminal, autodenominado Guerreros Unidos.

    "La hipótesis fuerte es que la razón de los ataques contra los autobuses está relacionada con trasiego de droga a EEUU, desde Iguala", aseguró el jurista.

    Probablemente, algunos de los cinco autobuses que "ocuparon" los jóvenes para hacer el viaje a la capital, "estaban comprometidos con el tráfico de drogas", prosiguió Rosales.

    "Es un hecho corroborado que en transportes públicos se traficaba heroína y otras drogas hacia las ciudades de Atlanta y Chicago, en EEUU", subrayó.

    Afirmó que, como jurista, su mayor aprendizaje es que en estos cinco años no tuvieron acceso a la justicia, "solo palabras huecas, mecanismos ficticios que no ofrecen verdad para las víctimas de la desaparición forzada", lo cual "obliga a peregrinar" y "es un enorme sufrimiento permanente".

    Intención política e incompetencia

    Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos y democracia (IDHyD), Edgar Cortés, dijo a Sputnik que en el caso se conjugan las intenciones políticas del gobierno anterior, del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con una incompetencia institucional crónica.

    "En este caso se mezcla, por un lado, la intención política de privilegiar la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados en el basurero municipal del pueblo Cocula [colindante con Iguala], responsabilizar al crimen organizado y solo a policías locales", reseña el defensor de víctimas de abusos de militares y otras autoridades.

    Por otra parte, "muestra la penosa incapacidad estructural de la Procuraduría de entonces, hoy fiscalía, para desarrollar investigaciones profesionales y certeras".

    Desde el primer día, reseña Cortés, todo el mundo tenía los ojos en un caso emblemático.

    "Esa publicidad internacional exigía que la investigación resultara una verdadera historia, acerca de qué fue lo que pasó", recuerda.

    Por lo tanto, "no hay que pensar que solo se trató de maldad política, sino de una absoluta incapacidad técnica e institucional, prueba que las autoridades mexicanas son incompetentes y no saben investigar, no tienen metodologías periciales desarrolladas".

    Limitar el balance de cinco años a la tesis de un crimen de Estado, cualquiera que sea, "supone que existe una institución que sabe investigar, y en realidad no existe, la prueba es el desastre de instituciones que tiene este país", enfatizó.

    ​Cortés reflexiona que, aunque sea loable el compromiso de López Obrador y el fiscal Gertz Manero de limpiar la investigación, "se debe reconocer que, si en un caso histórico tan relevante han sido capaces de torturar a los posibles responsables, el gran tema del debate es reconocer cuál es el verdadero estado de la justicia en México", subrayó.

    Después de que se derrumbó la llamada "verdad histórica" la nueva fiscalía carece de una línea de investigación racional.

    "El fiscal solo nos dijo lo que no es, pero no nos ha dicho la narrativa de lo que sí es verdad, de cómo se articuló y se perpetró el crimen con participación de agentes del Estado", enfatiza.

    El desaseo es de tal magnitud, que desde hace dos años no se han enviado nuevos restos humanos al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde fue identificado plenamente un alumno, porque aquí no existe capacidad forense, lamenta el experto.

    Señala que si sobre este caso no existe un relato creíble "vamos a cargar como país con esa gran interrogante y con el dolor para las familias y sus comunidades".

    El mensaje para los familiares de 40.000 desaparecidos en 12 años en este país, sería que si una tragedia paradigmática no se resuelve, "¿qué puede esperar una familia humilde de un desparecido en un pueblo remoto de Oaxaca, Guerrero o Chiapas?", se preguntó finalmente.

    Etiquetas:
    Ayotzinapa, desaparecidos, México
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