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    Institucionalidad de Ecuador se agrieta en el Consejo de Participación Ciudadana

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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Ecuador afronta una cada vez más grave crisis institucional que tiene como epicentro el debate sobre la existencia e integración del Consejo de Participación Ciudadana, órgano que por su importancia se volvió en escenario de puja entre el Gobierno y el movimiento de Rafael Correa, explicó el politólogo David Chávez.

    "Estamos ante una crisis institucional en Ecuador, y es una de las más grandes de América Latina (…) Esto se evidencia con el debate en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social", la entidad autónoma encargada de nombrar a las autoridades de transparencia y contralor del Estado, señaló el experto.

    Chávez, docente de la Universidad Central de Ecuador, explicó que, "al tener este poder, el Consejo se ha vuelto en un espacio de disputa entre el Gobierno y el movimiento de Rafael Correa".

    El Consejo fue creado en 2008 por la administración de Correa (2007-2017).

    Es una institución independiente, formada por siete miembros con la tarea de auditar los mecanismos de control, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción.

    El Consejo designa al Defensor del Pueblo, al contralor general del Estado, al procurador general, y a ciertas autoridades de la Fiscalía, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.

    Además, determina los procedimientos de concurso y selección de los magistrados que integran la primera Corte Constitucional y los miembros del Consejo de Judicatura.

    Pero el Gobierno de Moreno, en conjunto con algunos partidos de derecha y de izquierda, procura reformarlo arguyendo que no ha cumplido sus funciones, que estuvo integrado siempre por personas cercanas a Correa y que violó los reglamentos de selección de sus integrantes, por lo que se convirtió en un factor que "incrementó la corrupción".

    La administración de Moreno entiende que esta institución fue un simple "anexo del Poder Ejecutivo" durante la administración de Correa.

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    Varios de los contralores nombrados por el Consejo están acusados de delitos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

    Uno de los casos más emblemáticos fue el Carlos Pólit, quien tenía 10 años en el cargo de contralor y recibió un puntaje perfecto por parte del Consejo cuando participó en el concurso para ser reelecto.

    Pólit enfrenta un proceso en el marco del caso Odebrecht; actualmente está prófugo de la justicia y reside en la ciudad de Miami (sureste de EEUU).

    El 24 de marzo, el excandidato presidencial y líder del movimiento Creo (derecha), Guillermo Lasso, calificó al Consejo de movimiento "chavista venezolano" promovido por el expresidente Correa.

    "Es central llamar a una consulta popular por iniciativa del presidente o por iniciativa ciudadana para dar de baja a este mamotreto institucional chavista venezolano implementado por Correa, que fue la piedra angular de toda la corrupción de su Gobierno", afirmó entonces.

    En cambio, el movimiento de Correa rechaza esas acusaciones y afirma que lo que se pretende es eliminar el Consejo para que no haya un control por parte de la ciudadanía de las acciones del Estado.

    Importancia del Consejo

    La Constitución de Ecuador establece la división de cinco poderes: el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, el Electoral y la función de Transparencia, en la que el Consejo es el organismo más importante, explicó Chávez.

    Estos cinco poderes fueron creados a partir de la última carta magna, impulsada por el Gobierno de Correa y promulgada en 2008.

    Antes, las funciones del Consejo "formaban parte del Poder Legislativo", y "fueron trasladadas porque se procuraba que hubiera en este organismo una representación ciudadana que evitara la influencia de intereses políticos", indicó Chávez.

    La elección de los miembros del Consejo se hacía originalmente por medio de concursos públicos de oposición y méritos, pero a partir de la consulta popular del 4 de febrero de 2018 que impulsó Moreno, los siete integrantes son elegidos a través del voto universal en las elecciones locales.

    La consulta también permitió la instalación de un Consejo "transitorio" el cual se encargaría de evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el órgano cesado.

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    Los sectores correístas criticaron esto, señalando que el Consejo ahora efectivamente había quedado bajo control del Ejecutivo, ya que todos sus miembros fueron candidatos de Moreno.

    "La agudización de la crisis institucional se genera porque el Gobierno de Lenín Moreno y sus aliados han querido destruir el legado de la administración anterior, sin salvaguardar los aciertos de Correa", sostuvo Chávez.

    El politólogo opinó que con el "viraje político" de Moreno hubo una "gran cantidad de irregularidades y acciones inconstitucionales" para "descabezar" a las autoridades de Estado que eran cercanas a Correa, lo que generó "vacíos institucionales".

    "Es un momento político en donde el respeto a la norma se ha vuelto opcional; si la Constitución es un tanto incómoda, se la evade para llevar a cabo las decisiones que se quieran", sostuvo.

    El actual Consejo transitorio tenía vigencia hasta el 14 de mayo, fecha en la cual debía comenzar a actuar el nuevo órgano cuyos integrantes que fueron elegidos durante las elecciones locales del 24 de marzo.

    Sin embargo, su instalación fue postergada debido a que se espera que sus miembros reciban las credenciales formales por parte del Consejo Nacional Electoral.

    Mientras tanto, la crisis se profundiza.

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