"Se ha avanzado en el proceso judicial para sancionar a los responsables de las muertes de octubre de 2003, pero el principal acusado del juicio, el expresidente Sánchez de Lozada sigue impune y protegido por EEUU", declaró el abogado.
El hecho conocido como la "guerra del gas" — entre el 12 y 17 de octubre de 2003 — tuvo un saldo de más de 50 muertos por impactos de bala y más de 400 heridos.
Mayta explicó que si bien en 2011 se logró que cinco altos jefes militares y dos ministros que actuaron durante los hechos de 2003 sean juzgados y encarcelados, "Estados Unidos continúa protegiendo a Sánchez de Lozada como lo hizo cuando éste fugó del país el 17 de octubre".
"El Estado boliviano ha hecho una solicitud para que el Gobierno de EEUU extradite a Sánchez de Lozada y su principal colaborador el ex ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, pero hasta ahora no ha sido atendida", declaró el abogado de las víctimas.
El Estado boliviano aprobó en 2008 una ley de reconocimiento económico a las más de 500 víctimas de la "guerra del gas" y facilitó la atención médica de los heridos.
"El resarcimiento pleno a las víctimas lo tiene que dar el autor de la masacre, el ex presidente Sánchez de Lozada", remarcó Mayta.
A partir de los hechos de octubre de hace 13 años, El Alto se ha convertido en la ciudad símbolo de las luchas sociales en defensa de los recursos naturales y de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.