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Bolivia confirma que EEUU otorgó asilo a ex ministro acusado de genocidio

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TeleSUR

El asilo otorgado al ex ministro de defensa boliviano Carlos Sánchez Berzaín podría complicar las relaciones entre Bolivia y EEUU, según el embajador del país suramericano en Washington, Gustavo Guzmán. Sánchez Berzaín es acusado de ser el autor intelectual de la represión militar del llamado ''Octubre Negro'', que acabó con la vida de 67 personas y dejó más de 400 heridos.

Estados Unidos decidió otorgarle asilo político al ex ministro boliviano de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio, según confirmó este martes el gobierno boliviano a través de una serie de documentos entregados a la prensa por el embajador boliviano ante Washington, Gustavo Guzmán.

La situación es "irritante" y " complica la relación entre Bolivia y Estados Unidos", estimó el diplomático, quien adelantó que su Gobierno convocará este mismo día al embajador de Estados Unidos en La Paz, Phillip Goldberg, para que explique la posición de su gobierno.

Carlos Sánchez Berzaín está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 67 civiles reprimidos por el Ejército en una rebelión popular en octubre de 2003, durante el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, también refugiado en Estados Unidos.

Para solicitar su asilo, Sánchez Berzaín aseguró que si retornaba a Bolivia correría el riesgo de ser "perseguido y torturado" y dijo que su lucha contra la comercialización de la cocaína era uno de los factores por los cuales temía regresar.

"He sobrevivido numerosas alegaciones infundadas contra mí por parte de (Evo) Morales en el pasado, pero ahora temo que sus nuevos poderes como Presidente le permitirán finalmente silenciar de una vez por todas mi visión antidrogas", expresó Sánchez Berzaín.

"El señor Morales y sus colaboradores ejercen el control sobre la policía local y nacional en Bolivia, lo que me dejaría sujeto a arrestos arbitrarios y torturas o una sentencia de muerte de facto", añade.

A pesar que Bolivia pretende pedir la extradición de los ex ministros Jorge Berindoague, a Sánchez Berzaín y al ex presidente Sánchez de Lozada, aún no ha presentado la petición formal a Estados Unidos, la cual lleva ocho meses de retraso, según admitió Guzmán.

El embajador boliviano reconoció que "sin duda" el otorgamiento de la condición de asilado a Sánchez Berzaín, complica la posibilidad de una extradición para su enjuiciamiento en Bolivia.

"Fue determinado que usted es elegible para asilo en los Estados Unidos. (...) Usted obtuvo estatus de asilado en Estados Unidos", señala la aprobación del pedido, con sello del Departamento de Seguridad Interior del 18 de abril de 2007, según la documentación entregada por la Embajada boliviana.

Guzmán estimó además que es "absolutamente probable" que el ex presidente Sánchez de Lozada también tenga la condición de asilado. "No sabemos cuál es su situación", pero "no nos sorprendería" que estuviera también asilado, sostuvo.

El Ejecutivo boliviano se enteró del asilo para Sánchez Berzaín cuando sus abogados presentaron el expediente, ahora entregado a la prensa, en un juzgado de Florida (sureste) en el que se encausa al ex funcionario boliviano, indicó Guzmán.

Berindoague, Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada están implicados en los hechos del llamado "Octubre Negro", que cobró la vida de 67 personas y dejó heridas a otros 417 ciudadanos, en su mayoría campesinos, indígenas y trabajadores del gas.

Días después, producto de sus graves heridas otras nueve personas fallecieron.

Las protestas populares se desarrollaron principalmente en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, en rechazo a un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos por puertos de Chile, país al que Bolivia reclama una salida soberana al Pacífico, perdida en la guerra que libraron a fines del siglo XIX.

Las críticas por la violenta represión policial obligaron Sánchez de Lozada a dimitir el 17 de octubre de 2003, e inmediatamente se trasladó a Estados Unidos en un avión comercial.

Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia entre 1993 y 1997, y de agosto de 2002 hasta octubre de 2003, enfrenta además cargos por delitos económicos.

Los tres presentan además demandas en tribunales estadounidenses por parte de familiares de las víctimas del "Octubre Negro".

El lunes una multitudinaria manifestación de sectores populares marchó hasta la sede de la embajada de Estados Unidos en La Paz, para rechazar el asilo otorgado al ex funcionario.

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