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    Acusan a presidenta de Filipinas en escándalo de sobornos

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    Manila, 24 de octubre, PL, para RIA Novosti. Opositores políticos en Filipinas acusaron formalmente a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo y a otras tres personas de presunta implicación en un proyecto de Internet, escándalo que hoy gravita sobre el Palacio de Gobierno de Malacanang.

    Encabezados por el ex vicemandatario Teofisto Guingona, el grupo opositor presentó a la Fiscalía Popular una queja contra Arroyo, su esposo, Jose Miguel Arroyo, el director de la Comisión de Educción Superior, Romulo Neri, y el ex jefe de la Comisión Electoral Benjamin Abalos.

     

    A la presidenta la acusan de negligencia en el cumplimiento del deber, obstrucción de la justicia y permitir un contrato desventajoso, mientras Abalos enfrenta cargos por repartir sobornos.

     

    Neri también fue acusado de incumplir con su deber y obstruir la justicia, en tanto al "Primer Caballero", como lo llama el diario The Manila Times, le imputan haber violado la Sección V del Acta sobre Prácticas de Corrupción y Confabulación Ilícita.

     

    El gobierno de Arroyo selló el contrato con la corporación pública china ZTE, el mayor proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones y soluciones de red, la cual se retiró inmediatamente del convenio, tras surgir los problemas en la parte filipina.

     

    Ahora, el proyecto que contemplaba crear una red nacional de banda ancha en este país está sujeto a una investigación pública.

     

    El escándalo se desató cuando el empresario Jose de Venecia, hijo del presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, reveló que del gobierno le ofrecieron 10 millones de dólares para que se retirara de la licitación.

     

    De Venecia acusó la víspera a tres funcionarios del gobierno de tramar para matarlo por exponer las presuntas anomalías en el controversial contrato.

     

    Dijo que los "cerebros" en el supuesto complot son el secretario y subsecretario de Transporte y Comunicaciones, Leandro Mendoza y Reynaldo Berroya, respectivamente, y el director del Buró de Correcciones, Ricardo Dapat.

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