Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Oficial e ilegalmente decretado el 3 de febrero de 1962, el bloqueo estadunidense contra Cuba cerca está de su cumpleaños número 47. Resolución tras resolución, condena tras condena, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nada ha hecho, más allá del discurso y las buenas intenciones, para romper el cerco y sus lesivos efectos económicos.
De acuerdo con cifras gubernamentales cubanas, hasta 2005 dicho bloqueo significó a la isla pérdidas económicas superiores a 86 mil millones de dólares, monto que se incrementa a 140 mil millones si se incluyen los daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y actos terroristas alentados, organizados y financiados por y desde Estados Unidos, y el valor de los productos dejados de producir, así como los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.
La asamblea general de la ONU ha condenado en cuando menos 14 ocasiones (1992-2005) consecutivas el ilegal bloqueo estadunidense en contra de Cuba. Y 2006 no será la excepción, aunque nuevamente sin visos de que el cerco llegue a su fin. Sin embargo, el gobierno de la isla no quita el dedo del renglón y presentó un nuevo informe -que actualiza el daño económico, comercial y financiero a la isla- que fue presentado en la ONU como la resolución 60/12 y que será votado el próximo 8 de noviembre, para acumular otra condena del organismo.
El efecto económico ha sido superlativo, pero a pesar de ello la economía cubana reporta un comportamiento al alza y en los dos años anteriores ha registrado una tasa de crecimiento superior a la de otros países latinoamericanos (5.4 por ciento en 2004 y 11.8 en 2005), de acuerdo con el más reciente informe de la Cepal (Cuba: evolución económica durante 2005 y perspectivas para 2006), recientemente divulgado.
El reporte del organismo especializado de la ONU reseña que la principal fortaleza de la economía cubana son los recursos humanos con alta calificación y la provisión universal de los servicios básicos como educación, salud, cultura y deportes. Sin embargo, adolece de bajos niveles de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, hecho asociado a una insuficiente gestión empresarial que se manifiesta también en su déficit financiero externo, aunque recientemente haya mejorado.
A lo anterior contribuye también la crisis de la industria azucarera, los rezagos tecnológicos de la planta productiva después de varios años con bajos niveles de inversión y el deterioro de la relación de precios del intercambio, asociado básicamente al alza tanto en las cotizaciones internacionales del petróleo como en los alimentos. La segmentación de los mercados y la dualidad monetaria y de precios también entorpecen el funcionamiento del sistema económico.
Las metas de la política económica en 2005 fueron abordar diversos problemas como el combate a la corrupción, la transformación electro energética, la rehabilitación del transporte, contrarrestar los efectos de la sequía, el programa de viviendas y de alimentos, la generación de empleo, el incremento de los salarios del sector público y las pensiones de los jubilados, el mejoramiento del consumo de las familias, la profundización de los programas sociales, el control y la centralización de las divisas, la consolidación del control del comercio exterior y su diversificación geográfica y la reforma del sistema de distribución normada de bienes y servicios a precios subsidiados.
La mayor capacidad de importación por la actual holgura de divisas ha permitido mejorar la oferta de bienes y servicios para enfrentar las alzas de salarios y pensiones, así como mejorar la estructura de precios relativos mediante la disminución de subsidios y el aumento de las tarifas eléctricas y las cotizaciones de otros bienes y servicios. Se siguió esta política para evitar tanto una agudización de la escasez de bienes y servicios que padece el país como una expansión del mercado informal y contener una declinación de la productividad del trabajo.
Durante 2005 se profundizaron los cambios en política económica iniciados anteriormente, sobre todo en el ámbito monetario y financiero, como la desdolarización y la revaluación de la moneda nacional. Se advirtió una marcada tendencia a la centralización de las divisas de que dispone el país, una mayor participación del Estado en la economía y algunas transformaciones que están teniendo lugar en la gestión empresarial.
El gobierno decidió que las empresas más competitivas y los trabajadores más eficientes reciban mayor estimulación material para reforzar la correspondencia entre sus ingresos y los resultados productivos alcanzados. También se pretende restablecer la debilitada cultura productiva y la disciplina laboral del país ante el hurto y desvío de recursos de los almacenes del sector público.
El futuro de la economía cubana dependerá de un cambio profundo en la especialización productiva, las exportaciones no tradicionales de bienes como productos farmacéuticos y biotecnológicos, y el desarrollo del cluster cañero azucarero, la profundización de la política de sustitución de importaciones y la consolidación de los servicios turísticos. El desafío consiste en encontrar la fórmula de acompañar y facilitar estos cambios en el contexto de limitaciones con las cuales opera la economía.
