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CASO JAMUNDÍ PASARÁ A LA JUSTICIA MILITAR COLOMBIANA

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TeleSUR / 20/07/2006. El juicio a los quince militares colombianos implicados en la masacre de diez policías y un civil en la localidad de Jamundí, dio un giro inesperado. El juez de la causa se declaró incompetente y decidió que el caso debía ser atendido por la justicia penal militar.

 

Ante este cambio, la fiscalía colombiana reaccionó y ratificó que buscará impugnar la decisión del juez.

"El juez tomó una decisión contraria a lo que había señalado el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, la Constitución, la realidad probatoria, la procesal y sobre todo, a lo que habían señalado cuatro jueces constitucionales de garantía que ratificaron la competencia en la jurisdicción ordinaria", dijo Mario Iguarán Arana, fiscal general de Colombia.

En parte, la posición asumida por la fiscalía se soporta en los casos que han quedado impunes en manos de la justicia militar.

La Asociación Nacional Judicial de Colombia (Asonal), se plegó a la posición de la fiscalía por considerar que los hechos fueron comprobados y que se trató de una masacre.

"A nadie le cabe en la cabeza que una matanza, que un crimen de lesa humanidad tenga relación con el ejercicio de las actividades propias de las fuerzas militares", destacó Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial.

La reconstrucción de los hechos por parte de la fiscalía colombiana arrojó conclusiones determinantes que ratifican los hechos y la competencia de la justicia ordinaria para atender el caso. La fiscalía concluyó que se trato de una masacre premeditada.

Nos corresponde impugnar esta decisión, bien sea por la vía del recurso como nos lo permite la ley cuando se trata de impedimentos, recusaciones y competencias o bien sea por la vía de la solicitud de una nulidad de esto que quiso llamarse como audiencia", añadió Iguarán Arana.

La masacre de los policías antinarcóticos ocurrió el pasado 22 de mayo en la zona rural de Jamundí (departamento Valle del Cauca, occidente de Colombia). Los efectivos militares involucrados pertenecen al Batallón de Alta Montaña de la III Brigada del ejército colombiano.

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