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    PARAMILITARES EXIGEN SE LES RECONOZCA ESTATUS POLÍTICO

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    TeleSUR / 16/07/2006

     

    Los paramilitares colombianos objetaron el texto final de la llamada Ley de justicia y paz promulgado por la Corte constitucional y exigieron que se le reconozca estatus político.

    "De ninguna manera, deben gozar de status político porque no son una organización que se haya revelado contra el poder sino que hacen parte de un proyecto contrainsurgente promovido por el Estado colombiano y por algunos sectores de las Fuerzas Armadas colombianas", declaró Carlos Rodríguez, integrante de la comisión colombiana de juristas.

    Según reportó Fredy Muñoz Altamiranda, corresponsal de TeleSUR en Colombia, en el sector de Copacabana, departamento de Antioquia, los paramilitares instalaron un campamento al que llaman "Villa Esperanza", donde aseguran permanecerán en vigilia permanente hasta el próximo 19 de julio, cuando presenten públicamente sus exigencias.

    Abogados de las víctimas de los paramilitares, defensores de derechos humanos rechazan esta situación.

    "Esto lo que demuestra es que ellos hacen lo que se les antoja en el país, tienen al gobierno contra la pared, la justicia permite que hagan estas cosas, y no pasa nada", dijo Jairo Ramírez del Comité Permanente de los DDHH.

    Prosiguió diciendo Ramírez, que "no entendemos, dentro de los acuerdos que había entre gobierno y paramilitares en su más reciente congreso, el que el movimiento de víctimas le propuso al país constituirse como grupo proponente de una ley que permita ilegalizar cualquier expresión de paramilitarismo hacia el futuro".

    Para Iván Cepeda del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, advirtió que "queremos que se discuta con las víctimas un proyecto de ley que prohíba al menos tres modalidades de paramilitarismo en Colombia".

    En primer lugar, Cepeda recomienda que se prohíba definitivamente todas aquellas normas y disposiciones mediante las cuales se puede armar civiles, crear redes de informantes o cooperativas de seguridad tipo "convivir" en Colombia.

    El texto de la llamada Ley de justicia y paz les otorga a los jueces de las regiones la libertad para definir la duración de las penas.

    Los paramilitares colombianos consideran que el tiempo no debería superar los cinco años y que tres, ya los habrían pagado concentrados en la zona de negociación que se conoció como "Santafe de Ralito", al norte del país.

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