Las corrientes políticas latinoamericanas han sufrido portentosos impulsos durante los últimos meses y, especialmente, semanas. Se trata de corrientes que se mueven en varias direcciones, en no pocos casos contrapuestas. Es sin duda una crisis -de grandes proporciones-, pero se trata también, como en raros momentos de la historia de la región, de una crisis creativa.
Por primera vez en los últimos veinte o treinta años Latinoamérica vuelve a definir, desde sí misma, su rumbo. En este proceso tal vez destacará como señal emblemática la determinación del gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos, calificada como una decisión soberana como pocas. Morales le ha dado un gran portazo al neoliberalismo.
La instalación de políticas propiamente latinoamericanas no es ni será un proceso fácil ni fluido. Se estrella con los grandes intereses del capital transnacional afincado en todos los países y orientado hacia los mercados externos. Choca también con los intereses de las oligarquías nacionales y, como suma de estas dos fuerzas, con los diseños políticos y económicos que estos poderes han ido construyendo en la región. Sin embargo, desde estas construcciones surge también una fuerte tensión o contradicción: las nuevas estrategias políticas regionales aparecen justo cuando las estructuras de integración latinoamericanas, como el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), hacen agua.
El conglomerado de fuerzas añade otro viejo elemento, que es la antigua aspiración hegemónica de Estados Unidos sobre Latinoamérica, ahora reciclada en los diversos tratados de libre comercio suscritos y por suscribir. Un factor que sin duda viene a distorsionar el ya de por sí enrevesado panorama regional.
Todos estos complejos elementos se enfrentan a la agenda global de comercio, cuyas normas se debaten en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), negociaciones que la región no puede enfrentar con éxito desde una perspectiva de nación, sino, si se desea tener voz y cierto poder, desde un enfoque grupal.
MERCOSUR: UNA CRISIS PROFUNDA
El Mercosur, que ha sido el proyecto de integración más ambicioso levantado por naciones sudamericanas, vive en estos momentos una de sus crisis más profundas, que ha sido calificada como un franco retroceso. El bloque no sólo no ha avanzado en la consolidación de un mercado común, sino tampoco en aspectos más básicos, como la unión aduanera. Actualmente incluso su nivel de integración como zona de libre comercio no funciona, al haber numerosos productos sometidos a regímenes de excepción arancelaria.
Los intereses nacionales, empujados por el poder de las empresas nacionales, se han impuesto por sobre el interés del bloque. A los numerosos tropiezos que históricamente ha sufrido el Mercosur sumamos ahora el conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de una planta procesadora de celulosa de capitales extranjeros, diferendo que no sólo ha llegado a los tribunales internacionales, sino que ha desatado las intenciones del gobierno uruguayo de abandonar el bloque como miembro pleno y aventurarse, tal vez, en una estrategia similar a la chilena. De hecho, las últimas semanas han estado cargadas de informaciones sobre el acercamiento del gobierno del Frente Amplio de Uruguay al norteamericano, con el objetivo de avanzar en la suscripción de un TLC. De seguir por esta senda, observaremos una profundización de la crisis del bloque y una no menor tensión interna en la política uruguaya.
Si el Mercosur vive una de sus mayores crisis y un claro retroceso en la integración, no es sólo por la actitud de Uruguay. El bloque sufre de grandes asimetrías entre sus socios: Brasil y Argentina son las dos mayores economías de Sudamérica. De una u otra manera han conducido, no sin problemas, el curso del proceso de integración. El diseño de la estrategia ha beneficiado principalmente a Brasil y en menor medida a Argentina, y no lo ha hecho en el mismo grado con Uruguay y Paraguay. Las grandes inversiones productivas y de servicios se han instalado en Brasil y, en menor medida, en Argentina, y poco o nada han favorecido a los otros socios, los pequeños, quienes, a su vez, han debido aceptar la norma de un mismo arancel. Ante este malogrado escenario, la apertura de Uruguay a las inversiones en celulosa de empresas españolas y finlandesas, que es un convenio suscrito durante el gobierno anterior del derechista José Luis Batlle, puede también entenderse como la búsqueda de una alternativa propia.
Uno de los problemas endémicos en el proceso de integración ha sido la falta de liderazgos políticos sólidos, capaces de enfrentarse con los intereses nacionales del poder económico. El diputado argentino Carlos Raimundi, de visita en Chile, señalaba que pese a las condiciones objetivas de avanzar en un proceso de integración regional, ésta se halla en retroceso, lo que se debe a la "ausencia de liderazgos políticos en la región". Me refiero -decía Raimundi- "a líderes capaces de pensar en clave regional, de conducir a la región hacia el progreso y de no utilizar a la región para el progreso efímero de sus comunidades nacionales (...) Esta ausencia de liderazgo estratégico reduce a los presidentes de la región, en el mejor de los casos, a la categoría de buenos administradores de los intereses planteados por los grupos de poder interno. Esto es, a pensar en clave doméstica y no en los desafíos que presenta el mundo de nuestra época".
LOS TRATADOS CON ESTADOS UNIDOS
La reflexión del diputado argentino apunta a la actual situación del Mercosur, cruzada por las tensiones de los intereses nacionales, principalmente de Brasil y Argentina. Pero estas tensiones van aún más lejos en nuestra región y se expresan como un gran obstáculo a las estrategias de desarrollo regional. Los tratados de libre comercio con Estados Unidos, suscritos por diversos países sudamericanos, no se remiten a simples acuerdos de libre comercio de mercancías, sino que apuntan a consolidar modelos de desarrollo regional basados en la extracción de recursos naturales, los que, dicho sea de paso, cristalizan un modelo económico neoliberal y sus ya bien sabidos efectos.
Los tratados de libre comercio con Estados Unidos abren la cuenta de capital a eventuales flujos masivos de capitales, imponen nuevas normativas relacionadas con la propiedad intelectual, con efectos en la salud y la educación, abren el sistema de compras públicas de los países latinoamericanos a empresas norteamericanas -la situación recíproca es una ilusión-, y exponen la agricultura a la importación de bienes subsidiados. En este sector, los beneficiados son las grandes empresas exportadoras frente a la debilidad y aniquilación de la agricultura tradicional.
El caso chileno sirve de ejemplo. El TLC con Estados Unidos, vigente desde 2004, en el comercio de bienes ha favorecido a la gran empresa exportadora de recursos naturales. No obstante ha beneficiado más a los exportadores norteamericanos de manufacturas. Y no sólo el convenio con Estados Unidos. En el suscrito con la Unión Europea (UE), en marcha desde 2003, ha sucedido un fenómeno muy similar. Si bien han aumentado las exportaciones chilenas, éstas se basan de manera abrumadora en recursos naturales o recursos naturales de muy bajo valor agregado. Y en cuanto a las importaciones de bienes manufacturados europeos, éstas han crecido más que las exportaciones, lo que ha marcado una tendencia desfavorable para Chile en su balanza comercial con la UE (ver págs. 4 y 5 de esta edición).
Los países integrantes de la Comunidad Andina Nacional que han suscrito tratados con Estados Unidos -Colombia, Perú y, en vías de hacerlo, también Ecuador- han optado (sus gobiernos, no sus pueblos) por un modelo de economía que no conducirá al desarrollo. Conducirá, sí, al fortalecimiento de un poder empresarial transnacionalizado, con efectos nocivos en los pueblos, y también a una atadura de sus políticas internas a las diferentes normas negociadas en los TLCs. Una decisión como la adoptada por Evo Morales -y otras menores- hubiera sido imposible en un país con un TLC con Estados Unidos: es muy posible que el Nafta (el tratado entre México, EE.UU. y Canadá) condicione un eventual futuro gobierno del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, en México.
Ante este inestable equilibrio, el experto argentino en relaciones internacionales Marcelo Gullo, autor del libro Argentina-Brasil: la gran oportunidad, declara que la única alternativa "para los países de ambos bloques (Mercosur y CAN) es la integración de América del Sur, donde existe un eje dinamizador que integran Argentina y Brasil. Ello permitiría que los Estados avancen juntos hacia un proceso industrial, que es el único camino para la modernización". En caso contrario, señala, los países que se asocien con Estados Unidos, como Colombia, Perú y Ecuador, sólo podrán aspirar a continuar siendo proveedores de materias primas.
Es en este contexto que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha declarado muerta la CAN. La firma de TLCs con Estados Unidos, además de consolidar un modelo económico neoliberal basado en la explotación de materias primas, se instala como un obstáculo a las estrategias de integración regional. Los TLCs con Estados Unidos, agregaba Chávez, no integran, sino desintegran.
HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA
Venezuela está próxima a ingresar como miembro pleno del Mercosur, lo que constituirá un importante paso en el fortalecimiento del bloque, tanto en cuanto a recursos energéticos como en su inspiración ideológica latinoamericanista. Se parte del hecho que Brasil y Argentina, las dos mayores economías sudamericanas, son piezas clave para la integración regional, condición que se verá reforzada con la voluntad política de unión regional impulsada por Chávez.
A partir de aquí, pero no sólo desde aquí, comienza a reconfigurarse un nuevo diseño regional.
La semana previa a la declaración de Evo Morales sobre la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia había ingresado al Alba (Alternativa Bolivariana de las Américas), iniciativa que ya integraban Cuba y Venezuela. El gobierno boliviano, que había planteado su estrategia de integración regional denominada Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), hallaba en el Alba un proyecto complementario.
Un documento oficial de La Paz señala que el TCP responde al agotamiento del modelo neoliberal, el que es contrario a los criterios de desregulación, privatización y apertura comercial indiscriminada que caracterizan a los tratados de libre comercio. El objetivo del TCP, señala el documento, no es la liberalización absoluta de los mercados y el "achicamiento" de los Estados, sino el beneficio de los pueblos, y no impide los mecanismos de fomento a la industrialización ni la protección de áreas sensibles del mercado interno. Asimismo, admite el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, y a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que el mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países. Para el TCP, cualquier acuerdo comercial o de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado y deben estar en manos de empresas estatales. El decreto de nacionalización, podemos ver, responde plenamente a estas ideas.
La decisión de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos puede interpretarse como la acción política más relevante de los últimos veinte o treinta años en Sudamérica. Inaugura una ofensiva contra el neoliberalismo y el discurso económico instalado como única alternativa desde finales de los ochenta. Un hito político que, pese a las iniciales protestas de las transnacionales, tiene expresiones en otras naciones, con claridad en Venezuela. Sin ir más lejos, el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, sin haber levantado una bandera nacional y regional tan evidente, ha avanzado en la reducción de los espacios que se habían tomado las transnacionales.
Durante la reunión cuatripartita de Puerto Iguazú, tras el decreto de nacionalización boliviano, a la que asistieron además de Evo Morales, Hugo Chávez, Lula y Kirchner, no se arribó a medidas precisas pero surgió un nuevo espíritu regional. Los tres mandatarios que llevan hoy la bandera de la integración reconocieron el derecho soberano de Bolivia a decidir sobre sus recursos naturales. El proceso de integración pasa, necesariamente, por la autodeterminación de los pueblos.
Tomado de Punto Final y http://www.rebelion.org/
