TeleSUR / 26/06/2006
La defensa de los militares guatemaltecos acusados del genocidio cometido contra pueblos mayas entre 1978 y 1986, introdujo recursos que impidieron al juez español, Santiago Pedraz, comenzar con la investigación.
Pedraz, investiga a ex altos funcionarios del gobierno guatemalteco que estarían implicados en la matanza, entre ellos el general Efraín Ríos Montt que gobernó una férrea dictadura militar de 1982 a 1983 en el país centroamericano.
Este caso fue introducido ante la Corte Nacional española en 1999 por Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz en 1992.
Según el abogado de las víctimas, Antonio García, las autoridades del país centroamericano han realizado maniobras dilatorias que buscan impedir a toda costa que se lleven a cabo las audiencias.
"Se trata de maniobras dilatorias que buscan impedir a toda costa que se lleven a cabo las audiencias", dijo a periodistas el abogado de la acusación Antonio García.
De ser suspendidas las audiencias en Guatemala, cabría la posibilidad de que el tribunal se constituya en la embajada de España para escuchar a testigos e invitar a los acusados a declarar.
Los jueces españoles llegaron a Guatemala con la intención de interrogar a ocho ex altos cargos acusados de genocidio. Entre ellos, Ríos Montt.
Ríos Montt, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad para evitar ser interrogado, calificó de "intromisión y violación a la soberanía nacional" la participación de los jueces españoles.
El reporte de TeleSUR, también destaca que se juzgan otros crímenes de lesa humanidad
Asimismo, la Sala Constitucional local determinó en septiembre de 2005 que España podía hacer seguimiento y sanción del genocidio ya que este tipo de sucesos tienen un interés compartido por todas las naciones y su legitimidad no depende de intereses particulares de cada una de ellas.
