Surgió la verdad en el asesinato de los hermanos Vergara Toledo
Antes de ser nombrado ministro de la Corte Suprema, el juez Sergio Muñoz Fajardo informó a Luisa Toledo y a Manuel Vergara que sus hijos, Rafael Mauricio y Eduardo Antonio Vergara Toledo, jóvenes combatientes de la Villa Francia en tiempos de la dictadura, fueron asesinados por la espalda. El crimen lo cometieron el 29 de marzo de 1985 carabineros que los habían perseguido durante años por ser militantes del MIR. El juez Muñoz llegó a esa conclusión luego de analizar las declaraciones de más de 60 testigos, ponderar un peritaje balístico y una segunda autopsia de los restos de los hermanos Vergara Toledo. Pero no alcanzó a dictar sentencia y la causa pasó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, que debe redactar el fallo. El 30 de septiembre de 2003, el juez Muñoz había sido designado ministro en visita en esta causa que estaba sobreseída por la justicia militar.
Ahora debe fallarse un recurso presentado por los inculpados, los ex funcionarios de Carabineros Alex Ambler Hinojosa, Jorge Marín Jiménez, Francisco Toledo Puente y Marcelo Muñoz Cifuentes. Todos pertenecían a la dotación de la comisaría Alessandri, que comandaba el teniente Luis Crespo Zamorano.
Para resolver el recurso de la defensa de los ex uniformados la Corte de Apelaciones dispone del informe elaborado por el ministro en visita Sergio Muñoz el 9 de abril de 2005, que fundamenta el rechazo a las causales de prescripción y cosa juzgada.
ASESINATOS POLITICOS
En el punto 8 de ese documento, con el título "Participación de agentes del Estado en la muerte de Rafael y Eduardo Vergara Toledo", el juez Muñoz caracteriza a las víctimas. Señala que los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, de 20 y 18 años, formaban parte de la resistencia y pasaron a la clandestinidad en el primer semestre de 1984. Constituyeron una célula de propaganda armada del MIR. La investigación judicial estableció que los dos jóvenes habían decidido "realizar una acción de recuperación de dinero (asalto) a la panadería ubicada en Avenida Cinco de Abril con Las Rejas", junto a otros cuatro compañeros. El asalto nunca se realizó: los jóvenes fueron interceptados por carabineros de la tenencia Alessandri, comandados por el teniente Alex Ambler Hinojosa. Este oficial patrullaba en el furgón Z-944 conducido por Toledo Puente. Llevaba un fusil SIG, una subametralladora UZI y una escopeta con perdigones de goma. Lo acompañaban Marcelo Muñoz Cifuentes y Jorge Marín Jiménez. Señala el juez: "Al llegar a calle Miguel de Cervantes (ellos) ven al grupo de jóvenes... iniciando su persecución". A pie, el teniente Ambler sigue a los hermanos por calle Nalcayec (Villa Robert Kennedy) en tanto Marín y Muñoz ingresan por el pasaje de enfrente, que está entre los block 998 C y 998 D. "Allí están los jóvenes y se produce un intercambio de disparos. En la persecución, hay fuego cruzado, y el cabo Muñoz resulta herido por una bala de sus compañeros, según se desprende del peritaje balístico".
Continúa el relato del juez: "Los hermanos Vergara Toledo quedan tendidos en el suelo frente al block 972 C. Eduardo Vergara presenta una lesión con trayectoria de izquierda a derecha, de atrás hacia delante, y de abajo hacia arriba, a la altura del octavo espacio intercostal izquierdo que le causa la muerte en forma instantánea... Rafael Vergara presenta una lesión cervical... con trayectoria de atrás hacia delante, de derecha a izquierda... otra lesión a nivel de vértebras lumbares L3 y L4 que atraviesa el canal medular, con trayectoria de atrás hacia delante... otra lesión a nivel de cadera izquierda... otra lesión en glúteo izquierdo y fracturas en piezas dentales centrales superior". Agrega que mientras Rafael Vergara trataba de incorporarse, intentando abrazar a su hermano y estando ya desarmado, fue golpeado en el rostro con la culata de un fusil. Lo subieron al furgón policial donde recibió un disparo en la nuca, que le ocasionó la muerte. A continuación el cuerpo de Rafael fue colocado en la calle junto al de su hermano Eduardo. Las versiones de prensa, así como la justicia militar, afirmaban que el cabo Muñoz había sido herido por los jóvenes y que el enfrentamiento ocurrió después del asalto a la panadería.
En su informe, el ministro Muñoz hace notar que el mismo día del crimen de los hermanos Vergara, murió también Paulina Alejandra Aguirre Tobar (en El Arrayán) en un presunto enfrentamiento, en tanto que en horas de la mañana fueron secuestrados José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, quienes fueron degollados al día siguiente.
La investigación del juez se remontó al año 1979, fecha en que por primera vez el padre de Eduardo y Rafael, Manuel Vergara, fue detenido por Carabineros. Señala que desde entonces hubo tres allanamientos al hogar de la familia y ocho detenciones de ellos en manifestaciones de protesta. Muñoz cita a un testigo acogido a reserva de identidad, quien señala que en la comisaría Alessandri se estimaba que "detrás de todas las acciones terroristas como los ataques al cuartel, ataques incendiarios a un furgón, emboscadas a una patrulla, estaba la mano de la familia Vergara Toledo, respecto de cuyos hijos se decía que pertenecían al MIR y que sus padres eran funcionarios de la Vicaría".
GENOCIDIO CONTRA EL MIR
En el considerando Nº 14 del documento que rechaza la prescripción y califica los delitos como de lesa humanidad, el juez Muñoz invoca la Declaración de Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, suscrita por Chile el 3 de diciembre de 1973.
El conjunto de antecedentes permitió al magistrado afirmar que existió una persecución política a los hermanos Vergara Toledo, lo cual sitúa al delito como de lesa humanidad dado que esta persecución se inscribió en una de mayor envergadura "que se llevó adelante respecto del grupo político al que pertenecen o adhieren las víctimas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR".
Previamente, el magistrado se refiere también a los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Señala que Chile ratificó en 1948 la declaración sobre el genocidio, entendiendo por tal "cualquier acto que tienda a matar, lesionar de manera grave, someter intencionalmente, impedir nacimientos y trasladar de manera forzada a personas, perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional...".
La argumentación del juez Muñoz cobra gran importancia como antecedente para centenares de juicios por ejecuciones políticas que están paralizados, permitiendo la impunidad de los autores.
LIDERES JUVENILES
El ministro Muñoz rescata hitos de la trayectoria revolucionaria de Eduardo Vergara Toledo, estudiante de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Fue expulsado en 1983, cuando cursaba el segundo año de historia, sindicado como "principal promotor de los incidentes en la Academia". El joven Vergara era dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (Uned).
En cuanto a Rafael Vergara, se cita el informe de la CNI que relata su expulsión del Liceo de Aplicación en septiembre de 1983, por "promover y provocar constantemente disturbios estudiantiles". El joven pertenecía a las milicias de la resistencia del sector poniente de Santiago. Ambos hermanos eran también líderes poblacionales.
Cuando el teniente Alex Ambler Hinojosa allanó por primera vez la casa de la familia Vergara, en marzo de 1984, robó todos los objetos de valor. El 12 de abril de 1984 Rafael Vergara fue llevado a la comisaría Alessandri, donde fue brutalmente golpeado. El 5 de agosto de 1984, Ambler allanó nuevamente el domicilio de la familia deteniendo a Pablo Vergara Toledo, que fue torturado por la CNI y luego dejado en libertad sin cargos.
FUNA PARA UN ASESINO
Siguiendo el lema "Si no hay justicia, hay Funa", Alex Ambler Hinojosa fue funado el pasado 26 de marzo en su domicilio. El ex oficial trabajaba con la CNI y fue ascendido a capitán. La investigación del ministro Muñoz estableció que entre 1988 y 2005 el ex agente realizó doce viajes a Argentina y dos a España.
Un grupo de jóvenes acompañó a la familia Vergara Toledo al edificio de calle Suecia 2980 (Ñuñoa), donde el ex capitán de Carabineros, hoy contratista de la minería y construcción, reside en el departamento 43. Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara, dice que "la reacción de la gente del edificio fue extraordinaria. Algunos lloraron cuando les contamos lo que habían hecho Alex Ambler y sus hombres. Uno puso un cartel: ‘No queremos asesinos en el sector'".
Otro inculpado es un criminal reincidente. Un año después del homicidio de los hermanos Vergara Toledo, el cabo segundo Jorge Marín Jiménez asesinó a su esposa, María Margarita Caballero Ulloa. Fue condenado a cinco años y un día pero obtuvo la libertad condicional, cumpliendo menos de dos años de prisión efectiva.
En la misma casa de Villa Francia donde crecieron sus hijos, en cuyos alrededores siempre hay rayados que los recuerdan, PF conversó con Luisa Toledo y Manuel Vergara.
Ella visitó al juez Muñoz el año 2004, y le dijo que no confiaba en la justicia. ("¿Y me viene a insultar en mi oficina?", le respondió Muñoz). Rodeada de retratos de los jóvenes, Luisa recuerda: "El ministro Muñoz fue muy duro inicialmente. Nos dijo que él iba a partir de la versión de la justicia militar, según la cual un carabinero había sido herido por Rafael, y mis hijos eran calificados como delincuentes y drogadictos. Pero agregó que nos prometía una verdad irrefutable, jurídica, que iba a llegar a dictar sentencia... Su investigación abarcó los archivos de todos los medios de la época, Vicaría, Codepu, Pedagógico, etc. La lealtad y disposición que tuvieron los ex compañeros de Eduardo y Rafael para declarar fue maravillosa. Les pedimos que contaran todo. Unos pocos que tenían trabajo, lo perdieron porque tenían que declarar desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. También declararon dirigentes del MIR local de ese tiempo. La gente cooperó con los detectives del departamento Quinto de Investigaciones, que hicieron una labor muy acuciosa".
En 1988, Pablo, hermano de Eduardo y Rafael, murió en una explosión en el cerro Mariposas, de Temuco, en circunstancias que la familia aún desconoce.
El pasado 29 de marzo la familia Vergara Toledo dirigió una carta a la presidenta de la Corte de Apelaciones, Mónica Pérez, destacando que llevan 21 años luchando por justicia, y exigen una pronta sentencia ya que el caso está aclarado desde hace un año. Señalan que no buscan reparación material sino justicia: "No sólo para nosotros, sino para todas aquellas familias que sufrieron violaciones a los derechos humanos". La causa la defienden los abogados Hiram Villagra, Hugo Gutiérrez, Magdalena Garcés y Rodrigo Román, cuyo trabajo voluntario la familia valora altamente.
Afirma Luisa Toledo: "Los jueces deberían actuar siempre como en esta investigación. Estamos también impresionados por la lealtad de las nuevas generaciones con nuestros chiquillos. Gracias a ellos el caso se reabrió y aclaró"
LUCIA SEPULVEDA RUIZ
(Publicado en Punto Final Nº 615, 19 de mayo, 2006)
