El proceso de globalización comercial, que tiene sus referentes institucionales en las negociaciones multilaterales que se desarrollan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en las bilaterales a través de los múltiples tratados de libre comercio, ha comenzado a expresar sus efectos.
No sólo distan de los iniciales y grandilocuentes anuncios de sus impulsores, sino que se acercan a las proyecciones más lúgubres realizadas por sus detractores. El proceso mundial de liberalización comercial, que incluye la apertura de los mercados y de los servicios públicos, aun cuando ha logrado generar más intercambio y riqueza, ha conseguido que aumenten las desigualdades en la distribución de la riqueza a niveles que hoy resultan intolerables e inocultables. Tanto así, que cuando Pascal Lamy, director general de la OMC, estuvo en Santiago en marzo pasado, admitió que la globalización no ha conducido a los resultados esperados. La ruptura Norte-Sur y la brecha entre ricos y pobres al interior de algunas naciones tendría dimensiones siderales.
Al hablar de aumento de las desigualdades vemos que éstas toman cuerpo tanto al interior de los países como entre los países. En Chile, que ha sido calificado como “el laboratorio del neoliberalismo” por ser uno de los pioneros en abrir sus mercados y en traspasar sus servicios públicos al sector privado transnacionalizado, el proceso de globalización comercial ha logrado generar enormes riquezas, que se han concentrado en un grupo pequeño de actores económicos. Como efecto de este fenómeno, tenemos que la desigualdad en la distribución de los ingresos alcanza un hito histórico en nuestra economía.
La globalización comercial no sólo es apertura de mercados, sino apertura de los servicios, de inversiones y de todas las áreas potencialmente comerciales, como la salud y la educación, los recursos naturales o el conocimiento ancestral de los pueblos. Cuando un país accede a este tipo de tratados, lo que también hace es abrir su economía al gran capital que, bajo la ley del libre mercado, será de una u otra forma operada para la rentabilidad de ese gran capital. Sin regulaciones nacionales de por medio -de hecho, la apertura significa la renuncia a las normativas y reglas nacionales- toda la economía estará guiada por la ley del más fuerte. Los efectos de este trance son, en nuestras latitudes, un modelo de economía basada en la extracción de recursos naturales, los monocultivos, la pérdida de derechos, como a la salud o la educación, y la privatización y mercantilización de prácticamente todas las áreas de la vida pública.
América Latina vive desde hace ya varios años una fuerte presión para abrir sus mercados, especialmente por la vía bilateral por parte de Estados Unidos. Aun cuando el gran proyecto del Imperio por crear el Alca (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) no consiguió avanzar gracias a la oposición de los actuales gobiernos de Venezuela, Argentina y, principalmente, del gigante regional que es Brasil, la insistencia y la gula norteamericana han logrado que numerosos países pequeños -y no tan pequeños- suscribieran, o estén en vías de hacerlo, tratados de libre comercio. Allí tenemos el Cafta, con las pequeñas economías centroamericanas, así como los acuerdos suscritos o en vías de suscribirse con países andinos como Colombia, Perú y Ecuador. Con anterioridad México suscribió el Nafta, con efectos que han sido desastrosos y, ni hace falta recordarlo, también está Chile.
¿Es posible quedar al margen del proceso de globalización? En cierto modo, parece que no es posible quedar aislado y cada vez más debilitado ante el creciente poder que adquieren otros actores, como los grandes bloques económicos y las transnacionales. Pero es posible entrar en un proceso si no de globalización per se, sí de integración entre pares, lo que significa avanzar hacia una integración entre economías similares que apunten hacia la conformación de bloques capaces de negociar con más poder ante otros actores económicos.
Esta es la tensión que vive en estos días Sudamérica. Junto al atropello del gran capital transnacional, aceptado por los países que ya han suscrito un TLC con Estados Unidos, es posible observar otro proceso, que avanza hacia la integración regional de economías a veces similares o a veces complementarias, que apuntan a un desarrollo de los países sobre sus bases productivas. Se trata de un curso que no es nuevo, pero que hoy presenta serias complicaciones. Lo que vemos con la crisis del Mercosur o de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una señal de que la integración es necesaria pero sobre otras bases. La integración apoyada en el acceso a mercados, que es exclusivamente comercial, conduce inevitablemente a conflictos.
El cada vez más serio problema entre Uruguay y Argentina por la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa es un claro ejemplo de cómo los intereses nacionales estimulados por las grandes corporaciones prevalecen sobre otro tipo de intereses, como es el impostergable desarrollo de nuestros pueblos. Y algo parecido ha sucedido en la CAN, que indudablemente perderá sus características de comunidad regional al estar tres de sus miembros obligados a abrir sus economías a un nuevo diseño trazado por las grandes empresas. Bajo estos TLC, basados en el libre mercado que controlan los grandes consorcios mundiales, es imposible pensar en una estrategia de integración regional. Como dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los TLC con Estados Unidos no integran, sino que desintegran.
El proyecto venezolano de integración, la Alternativa Bolivariana para la América (Alba), que conforman Venezuela y Cuba, cuenta desde el 30 de abril con Bolivia como nuevo miembro. Bolivia, que ya había recibido la “invitación” de Washington para negociar un TLC, replicó con un TCP, o un Tratado de Comercio de los Pueblos, iniciativa de Evo Morales que ha sido un diplomático portazo al convite norteamericano. Lo que Morales ha planteado es la necesidad de integración, pero entre economías similares; un tratado que favorezca la producción y el desarrollo, no un convenio diseñado por las multinacionales. El 1º de mayo, el presidente boliviano dio otro paso de enorme importancia, al firmar el decreto que nacionaliza los hidrocarburos.
Morales ha llevado su propuesta al Alba, que está inspirada por estos mismos principios: un intercambio hecho desde las bases productivas, que promueva el desarrollo y la calidad de vida. Una propuesta basada en las verdaderas necesidades de las naciones sudamericanas, las que comienzan por la reducción de la pobreza y de las escandalosas desigualdades.
El Alba ha puesto los bueyes delante de la carreta, y no a la inversa, como los acuerdos hechos sobre el acceso a mercados. La inspiración de este tratado, aun cuando estimula el comercio, se encamina hacia la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades, como son las sociales. Y en este sentido, de cierta manera está inspirado en el proceso de fundación de la Unión Europea, cuyos orígenes no estuvieron en un criterio puramente mercantil, sino también político y cultural. El proceso de integración europea surgió también de la necesidad de poner fin a décadas de violencia e intolerancia. Su eje central fue la búsqueda de un camino que condujera hacia la paz. En nuestro caso, sin grandes conflictos nacionales que resolver, aunque los chilenos y bolivianos sabemos bien cuál es la tarea pendiente, nuestro centro, nuestro eje, es también nuestro dolor: la pobreza y la desigualdad. Una tarea que no se resolverá sólo con más mercados, y menos con las inversiones multinacionales. Es una labor que tendrá que ser impulsada con una voluntad política de integración regional sobre la base de la solidaridad
PF
(Publicado en Punto Final Nº 614, 5 de mayo, 2006)
